A la espera de que se reanuden las audiencias contra varios exfuncionarios de la istración de Daniel Quintero por presuntas irregularidades en un contrato de 22.000 millones de pesos, la Personería de Medellín formuló pliego de cargos en contra de la exgerente del Inder y el exgerente de Metroparques por este contrato para la adquisición de elementos deportivos.
Aunque la Fiscalía General de la Nación ya realizó las imputaciones en contra de varias personas por las presuntas irregularidades en un contrato entre el Inder Medellín y Metroparques, mismo que fue suscrito entre 2020 y 2021 por 21.800 millones de pesos para la adquisición de diferentes elementos deportivos, ahora la Personería de Medellín decidió formular pliego de cargos contra dos exfuncionarios por este mismo caso.
Se trata de Diana Paola Toro Zuleta, exgerente del Inder, quien celebró un convenio interistrativo por cerca de 22.000 millones de pesos con Metroparques. Allí se presume se vulneraron los principios de transparencia y selección objetiva al realizar la contratación de manera directa en lugar de mediante un proceso de licitación pública.
Por su parte, se investiga a Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, por presuntamente incurrir en falta disciplinaria al subcontratar la ejecución del convenio interistrativo con la empresa Cyan Eventos y Logística sin obtener la autorización escrita del Inder.
Yenny Teresita Serna, personera Delegada 20D de Vigilancia istrativa e Instrucción Disciplinaria, explicó que las conductas de los exfuncionarios podrían constituir una falta disciplinaria gravísima.
“Con la conducta desplegada por los investigados, posiblemente incurrieron ambos en una falta disciplinaria gravísima al participar en la etapa contractual con desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal”, aseguró la funcionaria
Hay que recordar sobre este caso que en diciembre del 2024, la Fiscalía General de la Nación solicitó para los implicados, en donde se suman dos exfuncionarios más, una pena entre los 8 y los 33 años de prisión por los delitos de contratación sin cumplimento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Dentro de la solicitud de condena contra los exfuncionarios, el ente acusador también pidió sanciones para el contratista como la inhabilidad para contratar con el sector público y multas que podrían llegar hasta casi los 5.000 millones de pesos.
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