Más de un año ha pasado desde que se lanzó, como parte de la apuesta de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro, el proceso con los cabecillas de las bandas delincuenciales del valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí y los avances no han saltado a la vista, lo que genera zozobra en los de la misma.
Y es que, exceptuando una rendición de cuentas que se hizo ante el Senado el pasado mes de junio y un comunicado en el que suspendieron sus actividades violenta para el fin de semana del Día de la Madre, en Medellín y su valle de Aburrá hay altas expectativas de los resultados de este espacio de paz urbana, que impacte en la disminución de los índices de violencia y criminalidad.
Jorge Mejía Martínez, delegado del Gobierno nacional para este proceso de acercamiento con las bandas locales, itió que no solo son pocos los avances, sino que antes de terminar este mes de septiembre, debe hacerse el relanzamiento, como ya ocurrió en mayo en Buenaventura y Quibdó, y en las pasadas horas con el bloque central de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la guerrilla Farc.
"Hay incertidumbre por el tiempo que ha transcurrido sin que hayamos tenido logros significativos, más bien por culpa del gobierno nacional que por culpa de ellos. En el mes de septiembre debemos de hacer su lanzamiento que permitirá llegar al gran objetivo cual es desactivación de las hordas de violencia que han sido factores de perturbación en Medellín y el área metropolitana", dijo Mejía.
También indicó que en una reunión con los voceros de la cárcel de Itagüí plantearon una agenda para este mes, para que se logre el relanzamiento y donde los mismos plantearon sus inquietudes frente al proceso, pero también su disposición.
A la par, Mejía manifestó que se hace necesario que se sumen el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez, quienes han sido reacios y públicamente han criticado la paz total.
"Que los gobernantes tengan agendas políticas propias que no coinciden con la agenda del gobierno nacional, no deja de ser un asunto preocupante, pero creemos que el proceso mismo se impondrá, demostrará sus bondades y sobre la marcha, confiamos que estos gobernantes se sumen", agregó Mejía.
Finalmente, argumentó el delegado del gobierno que los procesos urbanos tienen varias limitaciones que esperan se resuelvan prontamente, por ejemplo, la necesidad de un marco jurídico, en lo cual la Corte Constitucional desde el año 2022, planteó la necesidad de que el Congreso abordara este tema desde lo jurídico.
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