La llegada de decenas de familias en las últimas semanas buscando refugio en Medellín por cuenta de la violencia en zonas como el Catatumbo y el Sur de Bolívar, nuevamente generó controversia entre el Gobierno nacional y local.
Esto por cuenta de recientes reclamos del alcalde Federico Gutiérrez frente al colapso en la oferta de atención para esta población y la presunta ausencia en este tipo de situaciones por parte de la Unidad para las Víctimas.
"Al día de hoy, no hay un solo programa ni recursos del Gobierno nacional para las víctimas en Medellín. Todo lo estamos soportando desde la ciudad. Ya los albergues que nosotros tenemos para atención de víctimas están full", dijo recientemente.
Ante este tipo de declaraciones, la directora general de esta entidad del Gobierno nacional, Lilia Solano, explicó la funcionaria que la mitigación de los impactos por este tipo de fenómenos debe ser un asunto de corresponsabilidad, pues si bien desborda la capacidad de atención de la Unidad, también hay una serie de procedimientos que surtir antes de hacer efectiva cualquier atención.
"Ninguno de nosotros, gobiernos, ni locales, ni departamentales, puede entrar en el papel de decir yo soy víctima, a ver, resuélvame usted el problema. Porque todos fuimos elegidos para servir. Si no es con articulación y con un espíritu colaborativo, sino señalando a los otros, es imposible, porque son desafíos que superan a la unidad para las víctimas", detalló durante su visita a Medellín.
Entidades del Ministerio Público como la Defensoría y Personería deben recoger todos los testimonios para en comités de justicia transicional conocer censos e iniciar una valoración y registro de cada uno de los casos que en muchas situaciones requieren manejos diferenciales en lo que están implicadas diferentes instituciones.
Se estima que en las últimas semanas la ciudad ha sido receptora de cerca de 400 personas en las que también están incluidas varias del departamento del Chocó por enfrentamientos entre grupos criminales en Quibdó, pero además otras por constantes paros armados decretados por el ELN especialmente en la subregión del San Juan.
Los contratos se normalizaron
Por su parte y ante las declaraciones del mandatario de que faltaba personal para atender a las víctimas en las sedes físicas, la directora regional Claudia Vallejo manifestó que desde mediados de enero ya están dispuestos cerca de 30 funcionarios en todo el Valle de Aburrá para atender cualquier tipo de requerimiento de población afectada por el conflicto armado.
"La Unidad para las Víctimas nunca paró de atender a las víctimas. El contrato con los orientadores, que son los que están en los puntos de atención de acá, en la ciudad de Medellín, ya está desde mediados de enero", dijo.
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