Un alivio sienten las víctimas del edificio Altos del Lago en Rionegro, un edificio que fue implosionado en el año 2019 a causa de sus fallas estructurales y por el cual fue condenado el municipio y la constructora a pagarles 15.100 millones de pesos por los daños físicos y morales que les causó la situación.
Una reciente decisión del Tribunal istrativo de Antioquia dejó en firme la condena de la sentencia que en septiembre de 2023 emitió el juez 30 istrativo de Medellín, dando la razón a las víctimas.
En términos legales, sólo queda un solo recurso de revisión, aunque es considerado improbable, por ser la decisión del Tribunal, según confirmó Nicanor Marín Bedoya, abogado representante apoderado judicial de más del 70% de las víctimas.
Del fallo destacó que marca un precedente en el país, teniendo en cuenta que es la primera vez que se condena a una Alcaldía por la actuación de un privado, en este caso la constructora Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S. (SINC).
"Demostramos legalmente que el municipio tenía la obligación de vigilar, controlar y supervisar el cumplimiento de la licencia que otorgó. Entonces hay una falla en la prestación del servicio al municipio que entregó la licencia y permitió que el constructor hiciera lo que quisiera", destacó Marín.
También aclaró que, si bien el tribunal establece que la reparación para las víctimas debe ser asumida en un 25% por el municipio y en un 75% por la constructora, declarada en quiebra, queda claro que solidariamente, la istración Municipal deberá adelantar estos pagos y posteriormente, podrá por medio de un proceso judicial recuperarlo con los privados condenados en este fallo.
"Como ocurre hoy, que esperamos le sirva a mucha gente con constructoras que lo que hacen es defraudar, engañar y dejar perjudicada a mucha gente, con la mirada omisiva de los antes territoriales municipios que son los otorgantes de las licencias", aseguró.
Vale la pena mencionar que el juez declaró la ilegalidad de la licencia de construcción otorgada en el 2013, en la que se ampliaba cinco pisos más (a los 16 que ya se habían solicitado en 2011), cuando apenas en 2014 comenzó la construcción.
En febrero 2017, el entonces alcalde de Rionegro y ahora gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón declaró la calamidad pública y ordenó evacuar el edificio, donde ya 14 familias habitaban la edificación.
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