El empresariado antioqueño y la academia en Antioquia, rechazan la iniciativa del presidente Gustavo Petro de una consulta popular por decreto. Todos, aseguran que es antidemocrático.
Las organizaciones de la sociedad civil como empresarios y el sector académico de Antioquia, le han solicitado al presidente Gustavo Petro y sus asesores jurídicos, no continuar con lo que califican sería una vulneración al orden constitucional y un irrespeto a la separación de poderes.
Laura Gallego, presidenta ejecutiva encargada de Proantioquia, afirmó que esa iniciativa vulnera abiertamente el procedimiento constitucional y legal, que establece la aprobación previa del Senado como requisito habilitante para una consulta popular de origen gubernamental.
“Y el hecho que el Gobierno Nacional esté por decreto planteando una consulta popular. Primero es una contradicción en la medida en que una consulta popular finalmente lo que promueve es la deliberación y sobre todo la escucha a la ciudadanía, saltarse la aprobación del Senado manda un mensaje de no respeto por las instituciones”, afirmó.
En la misma línea se pronunció María José Bernal, que afirmó tal como lo dijo el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta iniciativa es un golpe de Estado.
“Desde Fenalco Antioquia rechazamos categóricamente el intento de golpe de estado al que quiere someter a Colombia el presidente Gustavo Petro. No solo pasando por encima del Congreso de la República que también representa al pueblo, sino también por encima de la Constitución misma. Desde el gremio expresamos todo nuestro apoyo a los senadores que en este momento discuten una reforma que no es buena, no lo ha sido y no lo será”, aseveró Bernal.
El rector de la Escuela de Ingeniería (EIA), el exministro José Manuel Restrepo, fue enfático en señalar que se trata de un irrespeto por las normas colombianas, condiciones fundamentales para fomentar el crecimiento económico y proteger el bienestar.
“Intervención incluso por parte del jefe de Estado y del Gobierno Nacional es un desconocimiento de la institucionalidad en Colombia, que en el fondo es un desconocimiento de la democracia y de cómo funciona la democracia en Colombia en donde existe un principio fundamental que es la independencia de las ramas del poder público”, agregó.
Por su parte, David Mendieta, docente constitucionalista e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, afirmó que así se haya cometido una supuesta irregularidad en el Congreso, nada justifica esta acción del Gobierno nacional.
“No es aceptable del estado constitucional y democrático de derecho pretender subsanar una inconstitucionalidad con otra inconstitucionalidad. Esto le corresponde al poder judicial, existen mecanismos, existen controles ante los jueces”, insistió.
Todos coinciden que no solo las Altas Cortes, el Congreso, si no la comunidad internacional debe observar con atención la situación actual de Colombia, y a que acompañe y actúe frente a esta iniciativa.
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