En medio de la polémica que ha generado la tasa de seguridad que se cobrará a los hogares de estratos 4, 5 y 6 y empresas en Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón y su equipo de trabajo manifestaron tener tranquilidad jurídica sobre que está ordenanza aprobada por la asamblea está en el marco de la ley, por lo que no se caería con acciones legales.
Y es que el diputado Luis Peláez, tan pronto conoció que la votación quedó 14-10, interpuso una acción de nulidad contra esta ordenanza que busca recaudar hasta 1.2 billones de pesos para proyectos y programas de seguridad.
Horas antes de conocerse la decisión de la Asamblea y mientras avanzaba la discusión, un juzgado de pequeñas causas laborales de Medellín itió una tutela de Peláez contra la Asamblea de Antioquia y se concedieron dos días para anexar los elementos que consideren pertinentes para sustentar la solicitud, aunque esta acción judicial no frenó la votación.
Martha Patricia Correa Taborda, secretaria General de la Gobernación de Antioquia, explicó que el ente departamental pidió ser vinculado a la tutela, para aportar información y dijo también que los argumentos jurídicos están de su lado.
"Estoy muy tranquila por la nulidad de la ordenanza porque realmente la ordenanza está soportada jurídicamente en la ley y en las sentencias de la Corte Constitucional. No me caben dudas de que tenemos la razón jurídica respetando profundamente los conceptos que se han emitido al respecto", manifestó Correa.
El ruido de la ordenanza también ha traído eco de una posible promoción de su revocatoria, ante lo cual el gobernador no se mostró preocupado.
"Las consecuencias que esto tenga de tipo político las asumo yo, yo soy el que las asumo, porque yo tengo claro que el liderazgo es para utilizarlo en favor de las causas difíciles, porque las fáciles hay mucho quién las emprenda", dijo el mandatario.
El diputado Juan David Muñoz le dijo a Blu Radio que el discurso de Rendón en campaña es lo que hoy en día le saca factura, ante este nuevo impuesto que se comenzará a cobrar desde enero de 2025 y hasta 2027 cuando los empresarios dicen estar ahogados.
"Tiene una demanda de nulidad a la ordenanza y el ejercicio político de una revocatoria creo que tiene sentido en que el gobernador está incumpliendo su programa y sus promesas de campaña. Él esgrimía en todos los espacios, era no vamos a cargar con más tributos a los antioqueños y hoy está cargando con un tributo nuevo a los antioqueños", apunto el diputado por Alianza Verde.
Vale la pena recordar que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos indagar, porque esta ordenanza estaría violando el artículo 148 de la Ley 142 que establece que no se pueden cobrar en facturas de servicios públicos situaciones no previstas o no aprobadas expresamente por los s en sus contratos.
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