En medio de los recientes hallazgos óseos y la búsqueda que continúa en La Escombrera de la comuna 13, la Alcaldía de Medellín se comprometió a instalar en las próximas semanas cámaras de seguridad y vigilancia física en la zona, un centro de monitoreo a través de un convenio con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
El anuncio no cayó bien en representantes de las víctimas de desaparición forzada de la zona, que criticaron que estas labores de vigilancia las adelante una empresa privada y no la Policía Nacional, aunque fueron justamente quienes le elevaron a la Jurisdicción Especial para la Paz esta petición, para salvaguardar las labores forenses que se están llevando a cabo.
Una de las que se mostró en contra fue María Victoria Fallon, abogada y directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), quien mostró su preocupación porque “la vigilancia privada abrió la portería a los vehículos que subían con los retenidos que serían desaparecidos. Esa es una obligación estatal y debe estar en cabeza del Ministerio de Defensa”.
Al respecto, el alcalde Federico Gutiérrez respondió que esta fue una solicitud y que aún no se ha implementado.
"¿De dónde nace esto? Nace de una petición que le hace la JEP a la Alcaldía de Medellín luego de haberse reunido con las madres buscadoras y organizaciones de víctimas. ¿Cómo se hará? Esto hay que hacerlo de manera ordenada y hay que hacerlo bien, todo lo que me pidan las madres buscadoras lo van a tener", manifestó el alcalde.
De igual manera, otro de los anuncios relevantes fue la continuidad en acercamientos con organizaciones de víctimas y de derechos humanos con el fin de explorar la solicitud que han realizado frente a ampliar el polígono de búsqueda de restos óseos a partir de los recientes avances que se han obtenido.
Hasta el momento y menos de un mes de labores, tras llegar a 15 metros de profundidad de escombros acumulados por más de 20 años, fueron anunciados los hallazgos de 34 estructuras las cuales ya se han relacionado con
cuatro personas desaparecidas entre 2002 y 2003.
La JEP señaló que al menos dos de las personas fueron enterradas en el mismo lugar donde fueron asesinadas y que en uno de los casos hay evidencia para afirmar que la víctima fue reducida a un estado de total indefensión y sometida a malos tratos, sin descartar la comisión de torturas.
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