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La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín aseguró que son 18 los contratos en los que se podrían perder más de 5.500 millones de pesos que no se dejaron en la istración de Daniel Quintero.
Inicialmente, eran proyectos que ascendían a unos 60.000 millones de pesos y, luego de cuatro otrosí, lo que estaba presupuestado a realizarse en menos de un año, terminó alargándose 32 meses y reduciéndose a obras por un valor de 30.000 millones de pesos.
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Es así que lo que contemplaba mejoras de viviendas, parques y vías terciarias en 16 municipios, solo terminó siendo este último ítem y ninguna de las obras realizada en Medellín, son obras de diferentes municipios de Antioquia e incluso uno en Cundinamarca.
Estos contratos finalizaron en julio del presente año, y aunque las obras están terminadas, ninguna tiene cierre financiero, pues existe una desfinanciación de más de 5.500 millones de pesos.
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La EDU se había comprometido con 800 millones de pesos para cubrir valores excelentes al final de estos proyectos, recursos que no tenían amparo presupuestal y que por una aparente falta de control en las obras terminaron ascendiendo a 2.600 millones.
Los otros 2.900 millones tienen que ver con cinco reclamaciones contractuales de la empresa contratista, que estarían relacionados también con la falta de seguimiento a estos proyectos, pese a las advertencias internas dadas desde la Secretaría General y coordinación interna de la entidad del Contrato Interistrativo en el año 2022, respecto del seguimiento a las obras extras.
Sobre estos cuestionamientos, la gerente de la EDU, Luz Ángela González, reconoció que durante la nueva istración se han denunciado 8 contratos sin cierre financiero, entre ellos el firmado con estos municipios.
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"Son contratos que tienen honorarios absolutamente inferiores porque son contratos vigentes que nosotros tenemos una obligatoriedad y debemos de cumplir y no tenemos equipo y es literal capacidad instalada de la empresa donde tenemos que dar respuesta a esos contratos", explicó la funcionaria.
Estos contratos se encuentran en investigación por parte de la Procuraduría y General de la Nación y desde la actual istración de la EDU han encontrado también que presuntamente la suscripción de este contrato en el SECOP en el 2021 se habría hecho por fuera de la fecha para celebrar contratos interistrativos violando la Ley de Garantías.
Actualmente, la EDU le exige al DPS que asuma estos recursos y ante constantes negativas están a puertas de entrar en un proceso legal para que un juez determine quién sería el responsable de asumir los excedentes en estos proyectos.
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