Un centro de arbitraje internacional dio la razón al Estado colombiano frente una demanda con la que una empresa estadounidense pretendía que le pagaran 300 millones de dólares por haberles quitado el dominio de un proyecto inmobiliario entre Medellín y Rionegro, Antioquia.
Se trata del proyecto inmobiliario Meritage, por el que un ciudadano estadounidense y su firma habían demandado al Estado, quien ordenó una extinción de dominio "porque las autoridades colombianas tenían evidencias que ahí había operaciones de lavado de activos".
Es un proyecto que se comenzó a construir a las afueras de Medellín y que pertenecía, supuestamente, a un miembro de la narcotraficante 'Oficina de Envigado'. Para explicarlo, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el director encargado de la Agencia de Defensa del Estado, Jhon Camargo, aseguró que el actuar del Estado fue “totalmente legítimo” y tampoco ocasionó el daño alegado por los demandantes de este caso.
“Son dos situaciones jurídicas completamente diferentes. Uno, en el contexto internacional, que fue el caso que ganamos el día de ayer; básicamente, el inversionista argumentaba que las medidas adoptadas por el Estado colombiano eran de carácter expropiatorio y adicionalmente violaban el estándar de trato justo y equitativo contenido en el tratado de inversión con Estados Unidos. Entonces, a la luz de este tratado, quería proteger su inversión y argumentar esas conductas por parte del Estado colombiano. Nuestra defensa tuvo como dos frentes. Una primera defensa, que no fue muy a tiempo, porque no contábamos con los elementos probatorios, pero al final yo creo que lo importante fue que logramos demostrar ante el tribunal arbitral que había un tema de seguridad esencial y que la conducta del Estado colombiano era legítima, que los poderes regulatorios y de policía, sobre todo en temas de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, era vital para la defensa de todos los colombianos”, detalló Camargo.
En ese sentido, añadió que fue “una defensa muy compleja” y contó que, en casos parecidos, “ningún país en el mundo se había ganado la excepción de seguridad esencial. Ni Estados Unidos ni Argentina con el tema del corralito”.
"Colombia acaba de ganar un muy importante pleito internacional que nos salva de pagar 300 millones de dólares, que pretendían quienes habían demandado a Colombia frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversionistas", recalcó por su parte el ministro de Justicia, Néstor Osuna, este jueves.
Sin embargo, el centro internacional le dio la razón a Colombia, alegando que no tenía que pagar nada y avalando la decisión judicial de extinguir el dominio del predio, que en esos casos queda a manos de la Nación.
Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
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