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Hay crisis en la atención a la primera infancia en el municipio de Rionegro. Casi 3.000 niños están a la espera de recibir servicios esenciales en las modalidades familiar e institucional por parte de Bienestar Familiar. La istración municipal asegura que la entidad ha rechazado diferentes alternativas ante la situación.
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Hay preocupación en Antioquia frente a la atención y protección de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, pues a los más de 1.600 procesos represados en Medellín por la falta de sede para un Centro Zonal, ahora se suma una grave crisis en la atención en el municipio de Rionegro.
Quien alertó sobre la situación fue la misma istración municipal quien aseguró que más de 2.800 niños y niñas están a la espera de recibir los servicios esenciales en las modalidades familiar e institucional, condiciones que también afectan a 340 agentes educativos que atienden a esta población.
“El lapso de tiempo nos afecta realmente a todos. Las familias realmente en este momento están desesperadas porque no ha habido respuesta alguna de cuando inicia la atención”, relató Claudia Bera, una de las afectadas.
Uno de los asuntos que genera mayor inquietud para la istración de Rionegro tiene que ver con la renuencia de Bienestar Familiar para aceptar propuestas en las mejoras para la atención de los beneficiarios y que incluían una inversión de 9.000 millones de pesos.
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Con estos recursos se buscaba generar incrementos salariales para los agentes, ampliación de salas cuna, implementación de la jornada continua y la creación de un programa de bienestar y formación. Sin embargo, el ICBF aseguró que no había viabilidad en su implementación a nivel nacional.
“Estamos en vilo, no sabemos las decisiones frente a la atención de la primera infancia en el municipio de Rionegro. Queremos tener ideas propositivas para que la atención de nuestros niños y niñas sea de la mejor manera”, aseguró Jorge Rivas, alcalde de Rionegro.
El mandatario sostuvo que mientras siga esta situación, cientos de niños estarán privados de un adecuado a la atención de calidad que merecen, mientras que las agentes educativas continúan trabajando en condiciones precarias, con salarios bajos y sin los recursos necesarios para realizar su labor con dignidad.
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