Varios meses después de haber perdido su curul en el Concejo de Medellín por el cargo que ocupaba su padre en un colegio público de la ciudad, las investigaciones para Juan Carlos Upegui continúan y esta vez en relación con su campaña a la Alcaldía.
En las últimas horas se conoció la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir una investigación frente al ingreso de recursos económicos a su campaña que no estarían permitidos por la ley al provenir de contratistas del Estado que superaron el 50% del total de sus ingresos obtenidos en el último año fiscal respecto a la fecha del aporte.
Aunque inicialmente en la denuncia por financiación irregular fueron vinculadas 14 contratistas, el CNE determinó que la ley la habrían infringido solo cuatro de ellos: Ana María Cruz Ruiz, Andrea Velásquez Mesa y Ángela María Manrique, quienes aportaron cinco millones de pesos cada una a la campaña, además de Fabian David Ortiz Pinzón cuyo monto aportado fue de 10 millones de pesos.
Aunque durante los descargos en el proceso Upegui y su campaña manifestaron que estos recursos no fueron aceptados y devueltos a sus dueños, el CNE considera que pudo existir una falta solo con el hecho de que estos montos hayan ingresado. “No puede concluirse que los aportes fueron objeto de rechazo sino que el término más exacto sería el de devolución o reembolso propiamente dicho”, señala en su resolución la entidad.
"Estas personas abusaron de los recursos públicos, de las instituciones y, por supuesto, vulneraron las leyes. Hoy tendrán que enfrentar un proceso más ante el Consejo Nacional Electoral por financiación indebida de esa campaña a la Alcaldía de Medellín", apuntó al respecto Hernán Cadavid, congresista antioqueño del Centro Democrático que denunció estas posibles irregularidades.
El Consejo Nacional Electoral también ordenó investigar a Juan Pablo Ramírez, uno de los más cercanos al exalcalde Daniel Quintero y quien fue el gerente de campaña de Upegui, pues según la resolución, “no solicitó la documentación necesaria en el momento adecuado sino que, aparentemente, lo hizo días después, advirtiendo la situación irregular y devolviendo los recursos”.
En caso de encontrarse responsables de haber infringido la ley con esta financiación irregular, los investigados podrían recibir multas que van entre los 19 y 194 millones de pesos.
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