Chiquita Brands apeló condena por 38 millones: víctimas en Urabá insisten en justicia

Chiquita Brands apeló la decisión que ordenó una indemnización por 38 millones de dólares a víctimas del paramilitarismo en Antioquia, tras condena en Estados Unidos. Desde el Urabá defensa de víctimas rechazaron esta acción y continúan en la búsqueda de justicia en Colombia.La defensa jurídica de los empresarios de la multinacional bananera Chiquita Brands apelaron la decisión que los obligaba a indemnizar a las víctimas, luego de que un tribunal de Estados Unidos emitiera un fallo el año anterior, tras casi tres décadas de denuncias y por lo menos 20 años de litigio. Ante la justicia estadounidense, la empresa itió que entregó entre 1997 y 2004 casi 2 millones de dólares a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia para financiar sus acciones violentas.En este caso, y, aunque el proceso se desarrolló en Estados Unidos, la defensa de las víctimas aclaró que “se debe aplicar el código civil colombiano”, por lo que se debería avanzar hacia un proceso de indemnización y de reparación de quienes se vieron afectados por estos delitos, no obstante esta posibilidad no estaría tan cerca, ante este recurso jurídico presentado por los empresarios.Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, indicó que están buscando evadir pagar 38 millones de dólares a familias de 8 víctimas de la violencia paramilitar en Urabá."Nosotros queremos decir que en la región de Urabá, con la presencia de Banadex, que era la filial de Chiquita Brand, desde el año 1994 al año 2007, hubo 5.600 personas que fueron asesinadas, homicidios, que es por los hechos por los cuales se está buscando juzgar a Chiquita Brand en segunda instancia", indicó Vega.Los principales argumentos para este recurso legal es que Chiquita Brands no fue victimaria sino víctima de extorsiones; que no hay prueba que los vincule directamente con los homicidios y que lo que hay es una manipulación y compra de testigos contra la empresa.Víctimas como Raquel Sena, a quien los paramilitares le asesinaron en Urabá a su esposo, Fidel Hernández, son conscientes que ya no hay ninguna decisión que devuelva a la vida a su ser querido, pero esperan que se siente un precedente frente a estos hechos y que haya una efectiva reparación económica tras haber sido desplazados de la zona perdiendo propiedades y cultivos de los que vivían.Piden justicia en ColombiaAhora de quién se esperan acciones en la misma vía es de parte de la justicia colombiana, en donde el proceso avanza lento en medio de cambios de fiscales, jueces y solicitudes de nulidad por parte de la defensa de algunos de los acusados que incluyen tanto a empresarios bananeros como a mandatarios locales y militares de aquel entonces, encargados de aprobar la operación de estos grupos en la zona.Se teme que si no hay avances pronto las primeras decisiones que se tomaron en septiembre 2019 con la resolución de acusación puedan prescribir en el mismo mes de 2025.