La situación con la invasión de más de 5.000 familias que hay en Caucasia está supeditada a la decisión del Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de Medellín, que con una medida provisional, frenó el desalojo de las miles de personas que ocupan ilegalmente el predio de la Hacienda Santa Elena.
Mientras este toma una decisión frente a una acción de tutela en el que se reclama protección a los derechos de las personas que allí se encuentran, la istración municipal indicó que han recibido muchas peticiones por parte de la comunidad de dialogar y llegar a un acuerdo.
"Esperamos que en esta ocasión sí logremos consolidar un desalojo voluntario por parte de la comunidad, ya que la situación jurídica del inmueble hasta el día de hoy está clara, no le pertenece a la SAE, aunque en estos momentos lo istra", manifestó sobre esta situación el secretario de Gobierno de Caucasia, José Payares.
A su vez, la istración municipal dio a conocer que, por ejemplo, en la invasión montaron un establecimiento que expende bebidas alcohólicas, sin ninguna documentación ni permisos de las autoridades.
Finalmente, la Sociedad de Activos Especiales insistió que ninguna autoridad tiene legitimidad para desalojar el predio, pues esta facultad se la ha reservado precisamente esta entidad del Gobierno nacional, como a de la propiedad.
Piden presencia del Ministerio del Interior
El presidente de la SAE, Daniel Rojas, manifestó que en un comunicado enviado al Ministerio del Interior, le pidió a Luis Fernando Velasco como cabeza de la cartera que identifique si algunos de los ocupantes están ligados a grupos al margen de la ley, tras una denuncia que circula en redes sociales.
También, le solicitó que coordine a las entidades involucradas del Estado y que se adelante una caracterización de las familias.
Rojas reiteró que este predio de más de 300 hectáreas está bajo istración de la SAE, por lo que no hay ningún interés de un privado por defender, como lo argumentó en su momento la Alcaldía de Caucasia, aunque defendió que no es la manera de acceder a una propiedad en poder del gobierno.
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