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Pese a que el Concejo de Medellín aprobó en agosto de 2024 la venta de las acciones de EPM en Tigo-UNE, el proceso de enajenación sigue sin el avance más esperado y es conocer el avalúo que la empresa se había comprometido a entregar en octubre del año pasado.
Durante la reciente rendición de cuentas de la compañía de servicios públicos, el gerente de EPM, John Maya, afirmó que esperan tener ese avalúo a finales de mayo. Explicó que el proceso tiene dos frentes: uno, el trabajo con el Gobierno Nacional y Millicom para una posible compra, y otro, la valoración técnica que realiza un consultor externo.
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"Nosotros esperamos que a finales de este mes ya tengamos la valoración definitiva de cuáles van las acciones con esa banda, que nos establece ese consultor. Nosotros llamamos a la Junta Directiva y la Junta Directiva define qué valor le vamos a poner dentro de esa banda y ya entraríamos con la negociación directa definitiva con Milicom", explicó Maya.
Sin embargo, voces críticas como la del abogado Esteban Manco, quien está al frente de un proceso de acción popular, han cuestionado tanto la demora como que este valor no se conociera antes de que los concejales le dieran el sí a esta propuesta.
Según él, uno de los factores que ha retrasado el proceso es la liquidación de Edatel, empresa vinculada al negocio, lo que además podría reducir significativamente el valor de las acciones. Manco advirtió que estas podrían valer menos de un billón de pesos, cuando antes se estimaba entre 2,3 y 2,8 billones.
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"La participación la están liquidando de manera voluntaria y eso significa que no debe nada, que no hay saldos negativos, que no hay un déficit financiero y en esa medida lo que vemos es que existe un marchitamiento con conocimiento y voluntad, de manera dolosa para mermar o disminuir la valoración económica de un EPM", aseguró el abogado.
La incertidumbre también ha generado molestia entre concejales que apoyaron la enajenación. Andrés Felipe Rodríguez, del Centro Democrático, expresó su preocupación por el incumplimiento de los plazos y la falta de claridad en el proceso en el mes de marzo, durante una comisión accidental.
EPM aseguró que solo recibió la información necesaria para avanzar a finales del año pasado, lo que, según la empresa, explica parte de la demora. Sin embargo, las críticas por el posible detrimento de los recursos públicos siguen creciendo.
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