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A pesar de los cuestionamientos, esta semana será definitiva para aprobar la reforma a la justicia que presentó el ministro de la cartera Wilson Ruiz.
El debate del proyecto se centra en los requisitos para ser juez, pues los ciudadanos podrían acreditar experiencia adquirida en el ejercicio de otras profesiones. Sin embargo, desde Asonal consideran que el proyecto no contempla soluciones a problemas que exigen los ciudadanos "que haya más jueces y más juzgados para responder a la alta demanda de justicia", explicó su presidente Fredy Machado.
Otro proyecto polémico en materia judicial es la reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría, que modifica aspectos para la destitución y sanción de funcionarios elegidos por voto popular, busca reorganizar internamente el Ministerio Público y que no se archiven 10.00 procesos contra funcionarios en investigación.
No es cierto que la reforma al Código General disciplinario le otorgue a la Procuraduría superpoderes para adelantar investigaciones contra la oposición. La Procuraduría mantendrá sus actuales facultades investigativas y sancionadoras
Se define la creación de la especialidad judicial rural y agraria para llevar jueces a los municipios del campo colombiano afectados por el conflicto armado, la guerra y la pobreza, que según la representante a la Cámara por laAlianza Verde, Junita Gobertus, este proyecto dará claridad a la conflictividad por los derechos de la tierra. Otro proyecto clave es la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá para que la capital cambie su organización y pase a tener más de 20 localidades.
"Vamos a mejorar los requisitos para el nombramiento de los alcaldes locales, aumentar el presupuesto de cada localidad, pero sin variar el presupuesto total del distrito", explicó José Daniel López, representante a la Cámara de Cambio Radical.
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El Congreso también tendrá que votar la ley que busca aumentar de una a ocho semanas la licencia de paternidad y la reglamentación de la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños para que los jueces puedan aplicarla. Johana Salamanca Jiménez, líder de la iniciativa dijo que está "muy optimista y segura de que el Congreso aprobará esta ley para cumplier la prevalencia en los derechos de los niños".
También se definirá el futuro de la ley de comida chatarra que propone que los productos con exceso de azúcares, sodio y grasas, lleven un sello frontal en los paquetes que advierta a los consumidores. Otro proyecto que está a un debate de ser ley es el que busca reducir el receso legislativo para que el Congreso empiece a sesionar desde febrero y no desde el mes de marzo.
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