La plenaria del Senado aprobó el proyecto de reforma al código disciplinario de la Procuraduría con 53 votos contra 9, mientras que la plenaria de la Cámara lo aprobó con 102 votos contra 28, ahora faltará la conciliación de textos para que pase a sanción presidencial.
Con esta iniciativa se le otorgan a la Procuraduría funciones jurisdiccionales y de Policía Judicial, además se le otorga al presidente de la República facultades extraordinarias para aumentar la planta de personal de esta entidad hasta en 500 personas
El senador Fabio Amín, coordinador ponente del proyecto, afirmó que la aprobación del mismo evitará que miles de procesos queden en la impunidad.
“Si no aprobamos esta ley se echan a la caneca cerca de 10.000 procesos disciplinarios adelantados contra alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados. El país tuvo oportunidad de conocer que, de no aprobarse la norma y entrando en vigencia la ley 1952 que es el código general disciplinario, se pierden competencias en cerca del 80% de los procesos que adelanta la entidad”, indicó.
Un punto que tuvo largo debate fue el de las facultades y los ‘poderes’ que se le otorgan a la Procuraduría. El senador explicó lo siguiente:
“Hoy la Procuraduría tiene funciones de policía judicial y lo que hacemos nosotros es impedir que sean delegadas y las acotamos solo en cabeza del procurador general de su despacho”, mencionó.
La senadora Angélica Lozano criticó estos artículos porque se le estarían entregando herramientas a la Procuraduría para perseguir a la oposición.
“Son exorbitantes las facultades jurisdiccionales a la Procuraduría porque no son excepcionales, no tienen reglas. Este proyecto va a generar una sanción al Estado colombiano y es una amenaza a los servidores públicos”, puntualizó.
Un artículo polémico fue el de las facultades extraordinarias que se le otorgarán al presidente de la República en el que por seis meses podrá reestructurar la Procuraduría y aumentar en 500 los cargos nuevos. Sin embargo, uno de los críticos más fuertes fue el Centro Democrático.
El representante Gabriel Santos dijo que "no era conveniente".
“Estamos enfrentando una de las crisis más graves del país y si le damos facultades al presidente puede resultar ampliando la planta de personal o por el contrario queremos mandarle un mensaje a los contribuyentes, quienes están exigiendo que hagamos un buen manejo de las contribuciones y se vaya al gasto social. Pedimos que haya racionalidad en el gasto”, afirmó.
Durante la discusión de esta iniciativa, que busca implementar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favoreció a Gustavo Petro, justamente el senador dijo que esta iniciativa iba en contravía al fallo y advirtió que se estaba incumpliendo la sentencia.
Por otra parte, el congresista de la Colombia Humana insistió en que esta aprobación "era un desacato".
“El desacato es delito, la sentencia de la Corte Interamericana pertenece al bloque de constitucionalidad de Colombia, a nuestra jurisdiccionalidad. La Corte Interamericana es parte del bloque de constitucionalidad por tratado hecho ley y por la Constituyente del 91”, dijo Petro.
Finalmente, Gustavo Petro se refirió al exprocurador Alejandro Ordoñez, quien en su momento lo sancionó y lo llamó ‘violador de Derechos Humanos’.
“Los derechos políticos son derechos humanos, los que violan los derechos políticos son violadores de derechos humanos, el señor Ordóñez es un violador de derechos humanos”.
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