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Un grupo de congresistas hizo la solicitud al presidente para que se incluya, dentro de la consulta popular, una pregunta orientada a decidir si la pena máxima en Colombia debe aumentarse a 70 años de prisión para los responsables de crímenes contra niños, niñas y adolescentes.
La propuesta de la representante Erika Sánchez surge como respuesta a la alarmante situación de violencia infantil en el país. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solo en 2024 se registraron más de 15.000 casos de abuso sexual contra menores y al menos 500 asesinatos de niños. De acuerdo con la representante, estos datos, calificados por los promotores de la iniciativa como una "vergüenza nacional", han encendido las alarmas sobre la efectividad de la actual política criminal frente a estos delitos.
Sostiene que la legislación vigente no es suficientemente estricta y que muchos agresores sexuales y asesinos de menores logran reducir sus penas o incluso salir en libertad tras cumplir solo una fracción de su condena. “No podemos seguir permitiendo que estos criminales regresen a las calles para reincidir y seguir destruyendo vidas inocentes”, se lee en el documento dirigido al mandatario.
Comparando la situación con otros países de la región y del mundo, los firmantes de la petición recuerdan que en naciones como Estados Unidos y México existen sanciones más severas, incluyendo la cadena perpetua o incluso la pena de muerte para este tipo de delitos. En contraste, afirmaron que Colombia se ha convertido en “un paraíso para los depredadores sexuales” debido a la impunidad y a penas que consideran insuficientes.
Según los promotores, la inclusión de esta pregunta en la consulta popular enviaría un mensaje claro de que la protección de los menores es una prioridad real para el Estado.
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