Consulta popular no se podrá realizar si coincide con elecciones del 2026: Registraduría

El registrador Hernán Penagos advirtió que la consulta popular que propone el Gobierno no puede realizarse si coincide con otro proceso electoral como el que está cercano a vivirse en el país con las elecciones del año 2026.Este mecanismo promovido por el Gobierno de Gustavo Petro ha desatado un fuerte debate en el país, con opiniones divididas sobre su viabilidad, costos y el impacto que podría tener en el panorama político y económico de Colombia. En medio de este conflicto, tanto el procurador general, Gregorio Eljach, como el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, han expresado preocupaciones sobre la consulta, que podría tener consecuencias significativas para la democracia y la estabilidad fiscal del país.Eljach se mostró firme en la importancia de que el Senado de la República no se quede atrás en el proceso. Aseguró que el futuro de la consulta popular es un asunto fundamental para la democracia colombiana y que el Congreso no debe subestimarlo. "Tenemos que ponernos serios porque este es un asunto de la democracia, el Senado de la República no va a ser inferior en ese proceso", afirmó Eljach. Para el procurador, el proceso debe basarse en la legitimidad y en el interés de los millones de colombianos, no solo en la ideología de una sola persona, refiriéndose al presidente Petro.En esta misma línea, las voces críticas no se han hecho esperar. Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, advirtió que la consulta popular no podrá llevarse a cabo si coincide con las elecciones presidenciales de 2026. Penagos hizo un llamado a evitar cualquier superposición entre la consulta y los comicios, dado que esto podría generar confusión y afectar la claridad del proceso electoral. La coincidencia de ambos eventos podría comprometer la transparencia y la eficacia de ambos procesos, lo que pone en duda la viabilidad de llevar a cabo la consulta en la fecha propuesta.Además, la preocupación por el alto costo de la consulta ha sido uno de los puntos más críticos en el debate. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, destacó que la consulta popular, cuyo costo podría ascender a unos 700.000 millones de pesos, se llevaría a cabo en un contexto de alto endeudamiento estatal. Rodríguez expresó su inquietud sobre cómo este gasto podría agravar aún más la situación fiscal del país, ya que existen otras deudas que el Estado debe enfrentar. En su opinión, la consulta no debería llevarse a cabo si no se evalúan adecuadamente sus consecuencias económicas sobretodo teniendo en cuenta que hay un presupuesto que no permitiría llevar a cabo esto.