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Según el representante Eduard Sarmiento, el Congreso está en camino de lograr un cambio constitucional significativo que busca garantizar el derecho a una alimentación adecuada para todos los ciudadanos. Esta modificación tiene como propósito establecer el compromiso del Estado de asegurar el a alimentos nutritivos, suficientes, culturalmente adecuados y sostenibles para cada persona en el país.
El cambio principal se introduce en el artículo 65 de la Constitución, donde se reconoce que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental para todos los colombianos y que el Estado tiene la responsabilidad directa de garantizarlo. Este ajuste no solo implica asegurar el a comida suficiente, sino también proteger a la población de prácticas alimenticias dañinas y combatir el hambre de forma activa.
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La reforma estipula que el a alimentos debe ajustarse a las tradiciones culturales y condiciones regionales de cada comunidad. También establece medidas para evitar el hambre a largo plazo y combatir prácticas que puedan afectar la salud pública, como dietas desequilibradas o el consumo de productos no nutritivos.
La implementación de este derecho se llevará a cabo a través de diferentes estrategias. El Estado priorizará el apoyo a la producción de alimentos, especialmente en sectores clave como la agricultura, la pesca, la acuicultura y la cría de animales. Además, invertirá en infraestructura para mejorar la distribución de alimentos, construyendo caminos, almacenes y otras obras de conexión para facilitar el a todas las zonas del país.
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La tecnología también tendrá un papel central en este plan, promoviendo la investigación para optimizar la producción agrícola de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. De esta manera, el a la comida no solo se ve como una solución inmediata, sino también como una estrategia de desarrollo sostenible para el futuro de Colombia.
La reforma no solo implica garantizar el básico a alimentos, sino que también promueve conceptos fundamentales para la seguridad alimentaria en el país. Por un lado, la seguridad alimentaria busca asegurar que siempre haya suficiente comida para toda la población. La soberanía alimentaria apunta a priorizar los productos nacionales y apoyar a los agricultores y comunidades campesinas. Por último, la autonomía alimentaria propone que cada comunidad tenga el derecho de decidir cómo producir y consumir alimentos en función de sus tradiciones y prácticas locales.
Tras la aprobación de este cambio en la Constitución, el Gobierno tiene un plazo de seis meses para presentar una ley estatutaria que defina cómo se materializará este derecho en la práctica. Esto implicará la creación de políticas públicas, asignación de recursos e identificación de mecanismos específicos para asegurar que la alimentación no siga siendo solo un derecho formal, sino una realidad tangible para millones de colombianos.
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Más de 15 millones de personas en el país sufren hambre o desnutrición, una problemática que la reforma busca enfrentar de manera sistemática. Además de combatir el hambre, la iniciativa busca frenar el desperdicio de alimentos y proteger la biodiversidad, apoyando prácticas agrícolas sostenibles y responsables con el medio ambiente.
Este cambio constitucional convierte el derecho a la alimentación en un compromiso obligatorio para el Estado, estableciendo una hoja de ruta para transformar el sistema de producción, distribución y de alimentos en Colombia. Así, el país da un paso fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa, sostenible y saludable.
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