El Consejo de Estadotomó una determinación clave para miles de contratistas del Estado, al suspender la “columna vertebral” de una directiva presidencial que prohíbe que personas que hubieran celebrado previamente contratos de prestación de servicios con el Estado, suscriban contratos de apoyo a la gestión con entidades pertenecientes al orden nacional de la Rama Ejecutiva, cuando la justificación para la contratación sea la insuficiencia de personal de planta.
Aunque todavía no hay una determinación de fondo, el tribunal tomó la decisión de suspender la ejecución de ese aparte de la directiva presidencial, tras considerar que es una extralimitación de funciones de la Presidencia, que va en contra de la Constitución y de la ley.
Según el magistrado del caso, la resolución que hoy está siendo investigada, no fue expedida para reglamentar una ley pero a pesar de ello, se pretendió efectuar esa acción “que se refiere a los supuestos que habilitan la celebración de contratos de prestación de servicios con personas naturales”.
De acuerdo con esta decisión, con la directiva en mención, la Presidencia limitó el principio de libre concurrencia y habla directamente del presidente de la República, que según el Consejo de Estado “creó una incompatibilidad” y agrega que el Ejecutivo “se arrogó una competencia que no le corresponde, puesto que, por tratarse de medidas limitativas de derechos y libertades, la regulación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Estado corresponde de manera privativa al Constituyente y al Congreso de la República”.
No se trata de la primera decisión de la rama judicial que le pone “tatequieto” a las intenciones del gobierno del Presidente Gustavo Petro: recientemente hemos tenido el fallo de laCorte Constitucionalque mantiene la potestad de la Procuraduría para investigar y sancionar a servidores elegidos por voto popular y los reparos del fiscal Francisco Barbosa a la suspensión de órdenes de captura de narcos y guerrilleros y a los detalles envenenados del proyecto de ley de sometimiento para mafiosos.
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