Hay desconfianza y preocupación en un grupo de magistrados de las Altas Cortes, en torno a la posibilidad de que agencias del Gobierno del presidente Gustavo Petroestén interceptando ilegalmente (chuzadas) sus comunicaciones.
Hace algunos meses, magistrados de la Corte Suprema, habían expresado inquietudes sobre ese particular y en la última semana lo hicieron magistrados de la Corte Constitucional y de la Jurisdicción Especial de Paz.
En las últimas horas, la Fiscalía escuchó la ampliación de denuncia en ese sentido del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual vicepresidente de la Corte Constitucional y de sus magistrados auxiliares, quienes hace una semana hicieron la denuncia formal ante la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Ante la gravedad de la denuncia, el presidente Gustavo Petro negó cualquier instrucción de su gobierno para interceptar las comunicaciones de magistrados, opositores y periodistas y recordó que él fue víctima de esas conductas durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, aunque no descarta la posibilidad de que funcionarios de bajo rango y de manera autónoma estén participando de ese tipo de actividades ilícitas.
En voz baja, en la Casa de Nariño hay preocupación por las denuncias de los magistrados, que llega al punto del intento, fallido hasta ahora, que hace algunos días hizo la Presidencia por concretar una reunión entre el Presidente Gustavo Petro y la Fiscal Luz Adriana Camargo para hablar sobre el escándalo.
Este episodio, de presunto espionaje desde el Gobierno Nacional, incluso podría tener vasos comunicantes con supuestos planes de desprestigio vinculados con la “guerra interna” por el poder que se presenta en el círculo más cercano al presidente Gustavo Petro, en donde en uno de los bandos están Carlos Ramón González y Augusto Rodríguez, muy cercanos al presidente Gustavo Petro.
Hablando de González, hoy se reunirá en calidad de Director Nacional de Inteligencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, para hablar sobre las graves denuncias de interceptaciones ilegales que se estarían haciendo desde el Gobierno.
Los escándalos de espionaje en Colombia no son nuevos, por eso lo que corresponde en este momento tan complejo y preliminar, le corresponde a la Fiscal General Luz Adriana Camargo mostrar el temple acorde a su cargo para dar plenas garantías a todos, principalmente a las víctimas, y al Presidente de la República le corresponde esperar los resultados de las investigaciones antes de desestimar una denuncia grave que salpica a su Gobierno y que de nuevo pone en vilo el Estado de Derecho.
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