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El escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo -UNGRD tiene nuevas aristas y acusaciones que tendrán que ser evaluadas por la justicia para determinar los alcances que habría tenido la operación de presunta “compra” de conciencias de congresistas por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro para sacar adelante sus proyectos en el Congreso.
María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, en su declaración ante la Fiscalía, detalló la forma en la que ella habría tenido que entregar en sobre cerrado, los detalles de los proyectos que el Gobierno, según ella con el visto bueno del ministro Ricardo Bonilla, habría entregado en Invías a un grupo de congresistas a manera de cupos indicativos, para garantizar la “gobernabilidad” en el legislativo.
Benavides, quien negocia un principio de oportunidad con la Fiscalía, entregó el listado de proyectos viales, con el monto, el sitio y el congresista al que le habrían dado ese “caramelo”, según dijo, con conocimiento del asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo y con la presunta participación de Juan José Oyuela, alto funcionario de Invías.
En el listado de los congresistas beneficiarios que entregó Benavides, están el presidente del Senado, Efraín Cepeda, el representante a la Cámara del partido de La U, Juan Carlos Garcés, Juan Diego Echavarría, representante liberal, Jairo Castellanos, senador de la ASI, Juan Pablo Gallo, José Gnecco, Liliana Bitar y Karina Espinosa, todos ellos integrantes de las Comisiones Económicas del Congreso, cuyos votos eran clave para la aprobación del presupuesto general de la Nación de 2024.
Esta nueva arista del escándalo, que tendrá que ser evaluada por la Fiscalía y por la Corte Suprema, se suma al caso que ya se adelanta contra seis congresistas y contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por haber presuntamente entregado tres contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por 92 mil millones de pesos, a cambio de que emitieran conceptos frente a empréstitos de la Nación desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Mientras hoy sigue el desfile de los congresistas ante la Corte Suprema en indagatoria, hoy tendrá que asistir el representante a la Cámara conservador Wadith Manzur, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla pidió ser escuchado en la Fiscalía, según él, para desvirtuar que se haya tratado de una actuación ilegal. La última palabra la tiene la justicia.
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