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Mientras el presidente Gustavo Petro ofrecía disculpas por el escándalo de corrupción que salpica a su Gobierno en la Unidad de Gestión de Riesgo - UNGRD, la Fiscalía analiza la información que los investigadores recogieron el viernes pasado en una inspección que hicieron en la Presidencia de la República, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Hacienda y en la Alta Consejería para las Regiones.
Los dos fiscales que llevan a cabo la investigación que busca establecer la magnitud y los involucrados en el desvío de centenares de miles de millones de pesos que debían estar destinados para atender a los damnificados por desastres naturales pero que presuntamente terminaron ilícitamente en los bolsillos de congresistas a cambio de su voto a favor de las iniciativas del Gobierno, adelantaron varias diligencias relacionadas con el escándalo.
Los investigadores se llevaron discos duros y computadores de altos funcionarios y exfuncionarios de la Casa de Nariño que han sido mencionados en el escándalo, además de actas, documentos y bitácoras para determinar si son ciertas o no, las acusaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han salpicado a varios ministros y exministros en reuniones en las que habrían ordenado la operación de entrega de contratos a congresistas a cambio de su apoyo al Gobierno.
Sin embargo, hay gran preocupación en la Fiscalía frente a la inexplicable desaparición del computador de la exasesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien aparece en los comprometedores chats con Sneyder Pinilla enviando mensajes a nombre del ministro Ricardo Bonilla para que se acelerara la entrega de los polémicos contratos que serían para favorecer a congresistas.
Aunque desde el Ministerio de Hacienda aseguran que toda la información contenida en el computador que utilizaba María Alejandra Benavides está resguardada en la nube, es un muy mal mensaje al país que justo cuando se conoce su presunta vinculación en el escándalo, el país se entere de la desaparición de su dispositivo electrónico.
Lamentablemente no es el único caso de extraña desaparición de materiales clave para determinar la magnitud del escándalo: desaparecieron el disco duro del computador que utilizaba el principal asesor de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz y una memoria RAM de otro computador de esa misma dependencia.
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Se necesitan respuestas prontas del DAPRE y del Ministerio de Hacienda para saber quiénes están detrás de la desaparición de estos dispositivos, en los cuales podría haber información crucial para esclarecer el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo.
También se necesitan respuestas frente a la actuación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien se defendió con un lacónico mensaje en sus redes sociales, su actuación en el episodio, argumentando que fue absolutamente legal su gestión para que se entregaran los famosos 3 contratos por 92 mil millones de pesos que según Olmedo López, serían para congresistas a cambio de la aprobación de créditos internacionales para el Gobierno.
La verdad hay muchas dudas sobre el papel de Ricardo Bonilla, a quien el presidente Gustavo Petro defendió con vehemencia asegurando que es un hombre honesto, pero quien hoy debe explicaciones sobre las circunstancias que llevaron al Gobierno Nacional a involucrarse tan directamente en la entrega de 3 contratos multimillonarios a municipios que no tenían emergencias y precisamente en momentos en los que necesitaba que los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, apoyaran las peticiones del Ejecutivo.
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