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Las revelaciones que se han venido conociendo a “cuentagotas” sobre la presunta compra del software espía Pegasus a un año de finalizar el gobierno deIván Duque, llevan a la creciente necesidad de explicaciones, tanto de exfuncionarios civiles como de quienes integraban la cúpula militar y de Policía y de organizaciones de inteligencia del Estado durante la época de los hechos.
El hecho de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo haya confirmado que desde Colombia se hicieron dos pagos por 11 millones de dólares a la firma israelí NSO Group por el software espía Pegasus, puede llevar a que haya serias implicaciones penales y disciplinarias contra quienes hayan estado involucrados en esa transacción, en caso de que como hasta ahora ha ocurrido, no haya trazabilidad alguna en Colombia sobre el origen de los recursos ni sobre la suscripción de un contrato para tal fin.
La Fiscalía sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia ya ha escuchado en declaración a varios exfuncionarios del gobierno de Iván Duque, entre ellos al exdirector del DAPRE, Víctor Muñoz, quienes han negado que durante ese mandato se haya dado la instrucción para la compra del software Pegasus, que la fiscal Luz Adriana Camargo considera como “un arma de guerra”.
Sin embargo, todavía no han sido citadas algunas personas que podrían ser clave para esclarecer las dudas sobre este episodio, por ejemplo, al exdirector de la Policía Nacional y excandidato a la alcaldía de Bogotá, general Jorge Luis Vargas Valencia.
Este fin de semana se conocieron las bitácoras de la llegada de los vuelos a Bogotá que transportaban a los directivos de la firma NSO Group, que según informa Aerocivil, llegaron al hangar de la policía antinarcóticos.
La Fiscal Camargo en entrevista con El Tiempo reconoce que hasta ahora Pegasus no aparece y es clara en señalar que en la Fiscalía no hay rastro alguno de ese programa, sin embargo, da por descontado que la compra se efectuó.
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Hoy siguen vigentes las preguntas de origen del escándalo: quién compró Pegasus, en caso de haberlo hecho, con qué recursos, por qué no se ha encontrado una trazabilidad contractual y cuáles fueron los blancos contra los que se utilizó.
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