De manera poco usual, varios organismos internacionales, en particular vinculados a la defensa de los derechos humanos, han hecho pronunciamientos en los últimos días en torno al proceso de elección defiscal General de la Nación.
El pronunciamiento más reciente es el de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el que “alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible”, argumentando que “la selección de una persona titular de la Fiscalía asegura la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad y previene el debilitamiento de la justicia”.
Al final de ese pronunciamiento, la ONU hace un tímido llamado al Estado, luego lo individualiza, “particularmente al Gobierno” a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona fiscal, sin interferencias de ningún tipo.
Este comunicado se suma a los emitidos recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la OEA, en los que también le piden a la Corte Suprema que elija con prontitud fiscal General, además con varios detalles imprecisos: la CIDH asegura que la Corte está en moratoria desde el pasado 7 de diciembre frente al trámite, algo que no es cierto, porque ese día apenas comenzó el proceso de votación. La otra imprecisión es la que ha evidenciado el exvicepresidente Humberto De La Callequien ha criticado al secretario de la OEA Luis Almagro, quien advirtió en un comunicado que en Colombia estaría en desarrollo un supuesto golpe contra el presidente Gustavo Petro, algo que según De La Calle, es una fantasía.
Los pronunciamientos de estos organismos de derechos humanos urgiendo a la Corte para elección de fiscal son llamativos porque en ninguna otra oportunidad, ni siquiera cuando los magistrados devolvieron al expresidente Álvaro Uribe una terna y aplazaron hasta el Gobierno de Juan Manuel Santos la elección de Fiscal General, dijeron una palabra.
Ahora viene la ofensiva política y diplomática de congresistas del Centro Democrático que están en Washington para reunirse con el Secretario de la OEA, Luis Almagro e intentarán un encuentro con la CIDH para expresar su posición, desmintiendo al Pacto Histórico, que hace una semana había estado en esos mismos escenarios denunciando un supuesto “golpe blando” contra el presidente Gustavo Petro.
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