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La Corte Suprema vinculó formalmente a la investigación por presunta corrupción con contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo, a cinco congresistas y un excongresista, quienes en los próximos días tendrán que rendir indagatoria como oportunidad de defensa frente a la hipótesis de los magistrados, según la cual, habrían recibido dádivas del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, a cambio de avalar conceptos favorables de operaciones de crédito en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
De acuerdo con la investigación adelantada por el magistrado Misael Rodríguez, los congresistas Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Astrid Manrique, Liliana Bittar y Wadith Manzur y el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz Cabrera, habrían cometido el delito de cohecho impropio, pues según la Corte, este grupo de parlamentarios habrían aceptado emitir conceptos de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en tres contratos para mitigación de desastres de la Unidad de Gestión de Riesgo.
Específicamente, los congresistas habrían emitido los avales de los conceptos de operaciones de crédito solicitadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de proyectos que se tramitarían por medio de la Unidad de Gestión de Riesgo en Cotorra (Bolívar), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar, municipios en donde presuntamente tienen influencia política los parlamentarios investigados.
La Corte tiene en su poder actas, certificados, videos de las cámaras de seguridad y bitácoras de ingreso del Ministerio de Hacienda que documentan las reuniones que habrían sostenido a finales de noviembre y comienzos de diciembre los congresistas vinculados a la investigación, con María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y Jaime Ramírez Cobo, enlace de la Presidencia para el trabajo con los parlamentarios.
Según los testigos que ha escuchado la Corte, esas reuniones se habrían dado para concretar el presunto pago de las dádivas.
Para la Corte es llamativo que, entre junio y noviembre del año pasado, la comisión interparlamentaria de crédito público emitió solo cinco conceptos de operaciones de crédito y esa tendencia cambió desde finales de noviembre de 2023 hasta diciembre de ese año, cuando se aprobaron 18 conceptos, coincidiendo con el supuesto ofrecimiento de dádivas por parte del Gobierno.
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Además, coincidiendo con una reunión que se habría dado el 27 de noviembre, en la que el entonces ministro de Hacienda, Luis Fernando Velasco, habría informado de los acuerdos con los congresistas ahora investigados.
El cohecho es un delito que tiene dos partes, por eso ahora los reflectores de la opinión pública están puestos sobre la Fiscalía, en cuyas manos está el futuro jurídico del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, de su exasesora María Alejandra Benavides y del asesor de la Casa de Nariño, Jaime Ramírez Cobo. La Fiscalía está en mora de contarle al país hasta dónde llegó el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo en el Gobierno Petro.
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