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El asesinato en la URI de Puente Aranda del presunto abusador sexual de la joven activista Hilary Castro saliendo de una estación de TransMilenio en el norte de Bogotá, retrata de manera clara la profunda crisis que afronta el sistema penitenciario en Colombia.
Luego de que la semana pasada se hiciera viral en redes sociales la denuncia de la joven de 17 años, desde el presidente Gustavo Petro en adelante pidieron a la Policía y a la Fiscalía que actuaran deteniendo al responsable del crimen, lo que efectivamente sucedió el sábado anterior en el norte de Bogotá, con la captura de Juan Pablo González, de 42 años.
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De manera inexplicable, el domingo en la tarde, tras haberse ordenado su reclusión, González fue llevado por la Policía a la URI ubicada en el occidente de Bogotá, en donde de acuerdo con los primeros resultados de Medicina Legal, fue asesinado a golpes.
El dictamen preliminar concluyó que González murió como consecuencia de politraumatismos, aunque todavía no se sabe con certeza quiénes fueron los responsables del homicidio, toda vez que en el patio en el que ocurrieron los hechos, había cerca de 80 detenidos y se investiga si eventualmente hubo participación de integrantes de la Policía en la golpiza.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, lamentó los hechos, tras señalar que en este caso el normal desarrollo debió ser que González fuera procesado y en caso de que fuera encontrado responsable, tuvo que ser condenado por sus conductas delictivas y no debió terminar el proceso con otro delito y en la impunidad frente a las víctimas de abuso sexual.
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Osuna, en medio de un debate en el Congreso, reconoció la gravedad de la crisis que afronta el sistema penitenciario, en particular con cifras como un hacinamiento del 167 % en estaciones de Policía, del 30 % en las URI y del 19 por ciento en las cárceles, ante lo cual, dijo que el éxito no es tener mucha gente en la cárcel, sino un menor índice de delitos.
La crisis carcelaria ha derivado entre otras cosas en que, en muchos casos, los responsables de delitos graves no sean enviados a prisión y continúen en las calles atacando a la ciudadanía. Ese es un indicador de que las cosas en materia de justicia no van bien en Colombia.
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