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Dos horas y media duró la diligencia ante una fiscal anticorrupción de la la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien acudió para entregar la información que dice tener sobre una supuesta reunión en París con el objetivo de presuntamente incidir en la licitación de los pasaportes en el país.
La fiscal la escuchó en el marco de un proceso que ya existe como parte de una indagación que se sigue por las presuntas irregularidades en el proceso licitatorio realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores para seleccionar el contratista que se encargaría de la elaboración de pasaportes en el país.
“La fiscal a cargo del caso dispuso de varias actividades investigativas para verificar si alguna de las actuaciones relacionadas con la referida licitación constituye una conducta delictiva. En ese sentido, en el marco de su autonomía e independencia, tomará las decisiones de carácter penal en contra de los funcionarios o particulares que corresponda”, aseguró la Fiscalía.
Por su lado, Juan Carlos Losada, director de Asuntos Jurídicos Internacionales, reconoció que estuvo reunido con el hijo del canciller Leyva en París pero solo para hacer turismo y para hablar de temas personales, según su versión.
“En cumplimiento de la comisión de servicios que se me encomendara mediante la Resolución No. 8897 del 31 de octubre de 2023, viajé a la ciudad de París entre los días 4 a 10 de noviembre de 2023. Terminadas las reuniones institucionales, durante algunos días me encontré con Jorge Leyva Valenzuela, quien me honra con mi amistad. Bajo su guía visité varios lugares de interés, turístico e histórico”, aseguró.
Y asegura en ningún momento de su viaje tuvo conversación “relativa al proceso licitatorio para la elaboración de pasaportes, ni con Jorge Leyva ni mucho menos con cualquier tercero. Es de fácil indagación, por la tecnología de grabación que existen en los diferentes lugares que frecuenté en París en mi reciente y única visita, conocer con que personas me reuní y a partir de allí establecer si se trata de personas con eventuales intereses en algún proceso contractual en Colombia”.
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