La Contraloría iniciará un proceso de Responsabilidad Fiscal por más de 692 millones de pesos contra la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas.
La entidad evidenció que la Unidad hizo millonarios pagos a beneficiarios fallecidos. Así se pudo establecer tras encontrar diferencias entre los nombres y números de cédula de los beneficiariosde los giros con los datos de las víctimas.
Además, los operadores bancarios no reconocieron los pagos sobre giros realizados por la Unidad de Víctimas.
El ente de control fiscal estableció nueve hallazgos istrativos, de los cuales cinco tienen posible connotación fiscal por $692.746.490,52, hay ocho con presunta incidencia disciplinaria y siete son de carácter penal.
Uno de los hallazgos más destacados tiene que ver con la aparente incapacidad de la Unidad de Vïctimas para soportar actuaciones istrativas de su competencia durante largos períodos de tiempo, ocasionando un recorte del alcance de la labor de control fiscal y poniendo en riesgo el adecuado control sobre sus procesos y el manejo de los recursos públicos.