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La Procuraduría General de la Nación emitió 48 recomendaciones a 12 entidades del Estado ante la crítica situación de los migrantes en Norte de Santander y el Tapón del Darién, esto luego de realizar una serie de visitas a las zonas de Cúcuta y la zona límite entre Colombia y Panamá. El Ministerio Público encontró que se sigue presentando un amplio problema de derechos humanosa las personas que transitan por esta zona en cálida de migrantes.
Según la Procuraduría, este problema se centra en especial a ciudadanos de países procedentes de Valenzuela, Cuba, China, países africanos, entre otros. De acuerdo con el ente de control, en las visitas se pudo identificar que se están presentando problemas como trata de personas, explotación sexual entre otros.
“A los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los menores de edad no acompañados, de las madres gestantes, incluso eltrámite de migrantes y explotación sexual entre otros. De esta manera acabó de emitir el informe preventivo sobre la situación migrante destacando que se emitieron 48 recomendaciones a 12 entidades del orden nacional, departamental y municipal”, explicó el procurador Javier Augusto Sarmiento, delegado para los derechos humanos.
Estas recomendaciones se centraron en entidades como el ICBF, Cancillería, Ministerios de la Igualdad y Equidad, Comercio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Transporte Fuerza Pública y Migración Colombia, entre otros. Estas medidas buscan el fortalecimiento de la presencia institucional.
“La transferencia de recursos para las entidades departamentales y municipales y por supuesto el de carácter nacional. Urge la implementación del sistema nacional de migración que está previsto desde el año 2011 y que vemos que no se ha implantado”, explicó Sarmiento.
También se propone la creación de un centro de atención al migrante, tanto en Cúcuta como en el Tapón del Darién frontera entre Colombia y Panamá.
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“La necesidad de fortalecer los controles migratorios en especial en los municipios de Acandí y Necoclí”, explicó el procurador delegado. Según cifras de la Procuraduría al año pasan 2.7 millones de personas por estas zonas de fronteras.
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