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Por medio de una carta de tres páginas, dirigida al presidente Gustavo Petro, los gremios de transporte de carga y de servicios públicos de transporte terrestre pidieron atención urgente a las problemáticas que, además de la ola invernal, las diferentes obras en las vías les ha causado en su desplazamiento.
De acuerdo a los firmantes, gran parte del país está incomunicado a causa del pésimo estado de las carreteras, lo que genera: grandes pérdidas económicas y sociales, además de un alto número de accidentes y riesgos a la vida, esto último porque los bloqueos presentados en las vías, tanto por protestas como por las emergencias de la ola invernal, muchas veces han impedido hasta el paso de personas que requieren ser trasladadas oportunamente a un centro médico.
Según dicen en el documento, los recursos invertidos son insuficientes para atender adecuadamente la crisis vial que actualmente atraviesa el país.
Hablan también de una ineficiencia en la operación de los peajes, que aparte de no contar con tecnología, son bastante costosos.
Por estas y otras razones, la exigencia es que se tomen medidas urgentes para resolver y recuperar los problemas de infraestructura vial, con una inversión cercana a los dos billones de pesos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que se acerca una época en la que hay un alto flujo de personas que viajan por vía terrestre.
“En el fondo, las comunidades y nosotros los transportadores requerimos una solución transversal que es la recuperación de la malla vial conjuntamente con el mantenimiento preventivo de la misma, no un reparcheo o acciones de momento que en pocos meses dejan otra vez incomunicadas y en más gravedad las regiones, son acciones de mantenimiento vial técnicamente realizadas que garanticen la competitividad, el desarrollo y el crecimiento del país NO lo contrario.”, se lee en el documento.
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Finalmente, hacen un llamado a que se levanten las varas de los peajes hasta que las concesiones o contratistas recuperen la estabilidad de la conectividad nacional y regional, para que se frenen los sobrecostos tanto económicos como sociales y se limite el efecto de inflación en los productos y servicios que, sugieren, puede estar generando consecuencias sociales tal vez peores y de mayor envergadura que las vividas por efecto del COVID-19.
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