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No ha sido un comienzo de año fácil para el sector de transporte y carga del país, ya que desde el 1 de enero se evidenciaron alzas en los peajes. Asimismo, enfrentan otro incremento significativo: el del precio del Am.
Por esta razón, la Asamblea Nacional del Transporte emitió una carta con seis puntos en los que detalla los presuntos incumplimientos del Gobierno tras los acuerdos del paro de septiembre de 2024.
La carta expresa que el Gobierno no ha retomado las mesas técnicas pactadas desde el 22 de noviembre de 2024 con el viceministro de Hacienda, Transporte y Minas y Energía. Además, aseguran que no se ha avanzado en el proyecto de modificación del Decreto 1079 de 2015 para suspender los aumentos en el precio del combustible hasta lograr acuerdos sobre la relación costo-beneficio entre la carga y el Am.
En cuanto a la reglamentación de la carga, la Asamblea asegura que, pese a la expedición del decreto de modificación del Sice-TAC, esta no se ha implementado de manera efectiva, lo que califican como una falta de transparencia.
Por otro lado, mencionan que el programa de modernización del parque automotor está congelado desde el 16 de agosto de 2024. Como consecuencia, varios conductores se han visto afectados al no recibir respuesta sobre el estado de sus vehículos nuevos.
“Eso va mal, mal en el sentido de que, a ver, es decir, no están escuchando; están presionando de una manera trascendental a los transportadores, exigiéndoles que cambien sus vehículos cuando estos vehículos no son ni siquiera capaces, por un lado, de responder a las expectativas de peso. Es decir, esos vehículos con 34, 35 toneladas no son capaces. Lo que sí vemos es un mercado a través de las concesionarias, donde el Gobierno termina siendo un vendedor más, precisamente a favor de las concesionarias, sin importar las consecuencias o las pérdidas que pueda tener una persona que adquiere uno de estos vehículos por presión del Gobierno nacional”, mencionó Anderson Quinceno, presidente de la ATC.
Sin embargo, pese a expresar su preocupación por la inseguridad de los transportadores en las carreteras del país, afirman que en menos de un mes de iniciado el 2025 se han reportado casos de vandalismo, extorsión, bloqueos que impiden la operación logística y peajes ilegales. Por ello, exigen una política integral de seguridad en el transporte.
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