Cuatro meses, como planteó el Departamento de Función Pública para la transición de contratos de prestación de servicios a nómina, es un plazo y una “carga” imposible de ejecutar, según indicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a través de una carta dirigida al secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández Andrade.
En la misiva, conocida por Blu Radio, la ministra Ramírez envió una serie de observaciones sobre el lineamiento del plan de formalización del empleo público en el país. Según recalcó, la expedición de la circular No. 100-005-2022 no tuvo una previa articulación de las normas, lo que “dificulta” la gestión para realizar el proceso de nóminas.
"(…) Se observa que al expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas imponen y, por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades publicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión istrativa (…) Sino también imponen una carga imposible de ejecutar”, se lee en el documento.
La carta fue radicada el pasado 30 de diciembre de 2022 y en esta enfatiza que, según la ministra, no se atendieron las recomendaciones del Ministerio de Trabajo ni los principios legales para emitir la circular, por lo que ahora se propone una serie de “recomendaciones”.
Entre estas, está que durante el 2023 las entidades públicas realicen, en una primera fase, un proceso de formalización laboral de “implementación progresiva que de prevalencia a los auxiliares técnicos y personal asistencial” del sector público.
Añade que los estudios técnicos de cargas laborales deben responder a criterios de “razonabilidad y proporcionalidad en consideración de las necesidades de cada entidad”. Esto, contando con la respectiva viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda.
Esta es la carta completa:
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