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En diálogo con Mañanas Blu, Isabella Hernández, superintendente delegada de Notariado, salió al paso a la polémica por cuenta de la circular que prioriza a la Agencia Nacional de Tierrascomo compradora de terrenos en departamentos específicos del país.
La circular señala que "los ciudadanos deberán informar a la Agencia Nacional de Tierras, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios que cumplan con los requisitos".
Así las cosas, los predios que se encuentre al interior de uno de los municipios priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deberán tener como prioridad la "venta" a la ANT.
Condición
"Que la extensión del Predio sea superior a dos (2) Unidades Agrícolas Familiares UAF, según la reglamentación expedida por la Agencia Nacional de Tierras, o que la primera adjudicación se hubiere efectuado en un lapso superior a los quince (1 p) años de conformidad con el Artículo 39 de la Ley 160 de 1994", señala la circular.
Con respecto al comunicado la superintendente explicó que no se trata de una nueva normativa y que lo que hace es priorizar el proceso.
Los propietarios deberán ofrecer primero sus tierras a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) si sus propiedades cumplen ciertos criterios, incluyendo si hace parte de la zonas de priorización."
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"Esto no es una novedad, sino una herramienta para agilizar la reforma agraria," señaló Hernández.
Esto implica que el propietario que desee vender su tierra debe llenar un formulario en la página del Superintendencia y notificar a la ANT, quien tendrá 15 días hábiles para pronunciarse sobre la opción de compra preferencial. En caso de no recibir respuesta en el tiempo estipulado, el propietario queda en libertad de continuar con la venta a un tercero.
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Uno de los puntos críticos planteados por los ciudadanos es el temor sobre el precio que el Gobierno puede ofrecer por las tierras. En este sentido, la superintendente aclaró que las compras se regirán por el avaluó comercial, asegurando que no se vulneran los derechos del propietario.
"El avalúo comercial se convierte en la base para determinar el precio de compra, garantizando que el ciudadano no perderá con la transacción," afirmó. En ese sentido, reiteró que no se trata de una "expropiación", sino de una negociación.
"Es algo muy distinto a una expropiación, es una negociación, un acuerdo. Cuando prima el interés público, el interés particular cede", dijo.
"La propiedad en Colombia tiene una función social," aclaró, enfatizando que la ley y la Constitución están diseñadas para equilibrar los intereses públicos y privados.
Escuche aquí la entrevista:
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