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Algunas organizaciones representantes de las víctimas de falsos positivos publicaron un comunicado en el que le piden a la JEP una mayor participación y vinculación en las decisiones que ha tomado la jurisdicción, especialmente en las que están relacionadas con los proyectos del sistema restaurativo.
“Expresamos preocupación e incertidumbre frente a la actual situación en la JEP de los casos de ejecuciones extrajudiciales, debido a que los pocos avances que este estamento ha presentado ante la opinión pública han sido realizados a costa de los derechos de las víctimas y sin garantizar su participación. Sus opiniones y expectativas son pasadas por alto y se desconoce la travesía que recorren hacia la reconciliación con la expectativa de reclamar un futuro de dignidad y paz”, señala el comunicado de las organizaciones.
En el mismo sentido, cuestionaron el proyecto restaurativo que lanzó la JEP en Usme, pues allí algunos militares están participando en la iniciativa “siembra de vida”, un proyecto en el que los militares aportan a la restauración ambiental de la zona. Es importante recordar que este es un proyecto anticipado, pues aún no se emiten las primeras sanciones contra los responsables.
“Mostramos nuestra preocupación frente al proyecto restaurativo “Siembras de Vida”, en el que, sin socializar previamente con las víctimas, se vincularon comparecientes de la fuerza pública por hechos de ejecuciones extrajudiciales, incluyendo máximos responsables. Nos inquieta que la Secretaría Ejecutiva avalara este proyecto como TOAR anticipado y es muy probable que sea reconocido por la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz como parte de la sanción propia. Una sanción sin ninguna conexión territorial ni objetivo real de reparación”, explica el comunicado.
Por último, muestran su preocupación, ya que sienten que el proceso de sanciones a los responsables no ha avanzado lo suficiente.
“Como víctimas de casos de ejecuciones extrajudiciales sentimos defraudada la confianza depositada en la JEP, le solicitamos tomar las medidas necesarias para garantizar el principio de centralidad de las víctimas y la participación en las decisiones que nos conciernen y afectan, de manera que el Sistema Restaurativo no se ejecute a costa de las víctimas”, advierten las organizaciones.
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