Durante una audiencia pública realizada en la comisión primera de la Cámara de Representantes, con el propósito de escuchar a las diferentes voces a favor y en contra del proyecto de ley de humanización del sistema penitenciario y reforma al código penal,el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aprovechó su espacio para desatar una serie de críticas al proyecto.
El conjunto de comentarios, que unificó en nueve grandes temas, partió de una crítica a dos puntos del parágrafo octavo, que favorecería con la suspensión de la pena de pequeños cultivadores ilícitos, tal como está redactado, a los grandes narcotraficantes, a los productores y comercializadores de insumos para la producción de drogas como la cocaína.
“Nos metieron un parágrafo en el que se suspende la ejecución de la pena de narcotraficantes en Colombia. Juguemos limpio si se quiere que se aplique amnistía, que se diga de frente, pero no se puede usar un mecanismo subrepticio para establecer un favorecimiento. Las disposiciones de pequeños cultivadores no pueden favorecer al gran narcotráfico”, sostuvo el fiscal.
El jefe del ente acusador también hizo reparos frente a la derogación de delitos como la inasistencia alimentaria, la injuria y la calumnia, la elección ilegal de candidatos, el incesto, que a su criterio permitirían una proliferación de estos delitos más que para garantizar una disminución de la carga carcelaria en Colombia.
Barbosa también cuestionó los beneficios como la cárcel domiciliaria o la reclusión en hospitales por enfermedad.
“Tenemos una observación sobre el artículo 10 del proyecto relativo a la prisión domiciliaria u hospitalaria. No se ha mejorado la forma como funciona el instituto de Medicina Legal. Consideramos que no debe haber cambios. Entre menos esté regulado, hay más posibilidad de que haya un entramado de corrupción con el sistema sanitario penitenciario”, agregó.
Finalmente, Barbosa aclaró que le parece que la iniciativa propuesta por el Gobierno tiene una buena intención, que hay puntos favorables como los permisos para salir y para trabajar, pero que estos no pueden ser utilizados por personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
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