En las últimas horas, se conoció una decisión del Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, en la cual se determinaba que la multinacional Chiquita Brands había financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2002, en Urabá y el Magdalena Medio. Es por esto que la justicia norteamericana ordenó la indemnización de las víctimas.
En Colombia este proceso lo lleva el juzgado sexto penal del Circuito Especializado de Antioquia, sin embargo, los representantes de víctimas alertan que en el país el juicio lleva 3 años y que el 17 de septiembre de 2025 podrían prescribir estos hechos, tras un proceso que ha durado 18 años.
"Esto sucedió hace 30 años ya, y llevamos 18 años en procesos judiciales. En 2007 se conocen las primeras denuncias y en 2012 quedan en firme y pasan a juzgados, en 2019 y después de las apelaciones ya se pasa a juicio y llevamos 3 años en juicio. Audiencias y más audiencias, testimonios y testimonios y vamos es para la prescripción de los hechos. Pedimos a las autoridades judiciales que de manera pronta tomen decisión sobre los casos de la financiación a los paramilitares por empresas en la región del Urabá", asegura Gerardo Vega, directivo de la organización Forjando Futuros.
Por otro lado, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica se refirió a esta sentencia. Desde la entidad aseguraron que este es un mensaje para las empresas que violan los derechos humanos.
"Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas que violan derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. La fortaleza de estas familias colombianas logró un triunfo en el sistema judicial, según Marco Simons, director jurídico de EarthRights, que acompañó a las víctimas", señaló el CNMH.
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