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La Superintendencia de Industria y Comercio inició investigaciones contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas Uber, Didi y Cabify en Colombia para determinar si infringieron el régimen de competencia desleal al promover la prestación de servicios de transporte incumpliendo la regulación del sector bajo condiciones que generan ventajas a las plataformas.
Ante esto, desde Alianza Inn, gremio que representa a estas agremiaciones, pidieron a los entes de control que las medidas sean de regulación y no de persecución ni prohibición.
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“Se está poniendo en riesgo el sustento y los ingresos de más de 1.000 familias, se pone en riesgo la libertad de elegir cómo nos movemos, que los taxis y las aplicaciones pueden coexistir y que incluso, se puede estar contradiciendo una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia”, advirtió José Daniel López, director ejecutivo de Alianza Inn.
Desde el gremio ampliaron que esa sentencia es la SC-370 de 2023, la cual reseñó: “Los es de justicia deben proceder con cautela, examinando si las disposiciones correspondientes responden a las nuevas problemáticas, pues lo contrario se traduciría simplemente en un obstáculo jurídico e irrazonable al ofrecimiento y disfrute de productos mediante las TIC”.
También desde Alianza Inn informaron que, en las plataformas afiliadas, identificaron al menos 230.000 cuentas registradas de s tipo taxi, “lo que demuestra la profunda coexistencia entre tecnología y taxis”.
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Según la SIC, la investigación no se centrará en establecer si las plataformas prestan directamente el servicio de transporte, sino cómo se está dando su rol de intermediario.
“El incumplimiento de la regulación del sector transporte habría generado ventajas competitivas para las plataformas y los conductores que prestan el servicio a través de ellas. En adición, la infracción podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los s, pues la regulación también está orientada a garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios”, indicó la SIC.
En caso de que se compruebe la infracción por parte de las apps a la libre competencia, la SIC impondría a cada persona jurídica multas hasta de 100.000 SMLMV ($130.000 millones). Además, la entidad también podrá imponer órdenes dirigidas a que la realización de las actividades económicas de las investigadas se adecúe a la normativa aplicable en materia de libre y leal competencia.
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