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El representante Jhon Jairo Berrio, del Centro Democrático, presentará un proyecto de ley que propone una serie de medidas para asegurar la idoneidad y transparencia del Presidente de la República en el ejercicio de su mandato.
El proyecto, que será discutido en el Congreso, plantea la posibilidad de que el mandatario se someta a exámenes de detección de sustancias psicoactivas en cualquier momento, si así lo solicita la mayoría de los legisladores.
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Se propone una modificación al artículo 313 de la Ley 5° de 1992, esta añadiría un parágrafo que faculta al Congreso de la República para solicitar la realización de pruebas toxicológicas al Presidente. Esta medida busca garantizar que el mandatario esté en plena capacidad física y mental para tomar decisiones cruciales para el país.
En caso de que un examen arroje un resultado positivo, el proyecto establece que el Senado deberá otorgar una licencia temporal al Presidente para que se someta a un proceso de rehabilitación. Durante este periodo, las funciones presidenciales serán asumidas por los designados por la Constitución, asegurando así la continuidad del Estado.
Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es proteger la salud mental y física del presidente, garantizando que las decisiones que afectan a millones de ciudadanos se tomen en las mejores condiciones. Además, busca reforzar la rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza pública en las instituciones del Estado.
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Según Berrio, a nivel internacional, el proyecto se enmarca en un contexto más amplio de medidas de control de sustancias en los gobiernos. Recientemente, la Cámara de Diputados de Chile aprobó una propuesta similar que exige pruebas de drogas no solo al presidente, sino también a los de su gabinete. Esto subraya la importancia de implementar políticas de supervisión que fortalezcan la gobernabilidad en la región.
Añaden que la figura presidencial, al concentrar decisiones cruciales para el país, debe ser ejemplar y estar libre de cualquier factor que pueda afectar su capacidad de liderazgo. Según los impulsores de la iniciativa, la medida busca preservar la estabilidad institucional y fomentar la confianza ciudadana en la istración pública.
El proyecto no implicará gastos adicionales al erario público, ya que las pruebas se realizarían a través de los presupuestos asignados a las entidades correspondientes. Esta propuesta busca avanzar en la construcción de un sistema político más confiable y responsable en Colombia.
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