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En respuesta al componente CSIVI del partido Farc de una solicitud hecha a la Procuraduría con relación a la seguridad de quienes firmaron el acuerdo de paz y hoy son excombatientes, se indicó que a la solicitud de realizar un control preventivo para intervenir y evitar violaciones y perjuicios a los Derechos Humanos de exguerrilleros, se han tomado medidas.
Entre ellas, dice la Procuraduríaque en septiembre pasado se presentó al Congreso un informe en el que se emitieron 22 recomendaciones dirigidas a las entidades con competencias en materia de prevención, protección y seguridad, así como cinco informes territoriales respecto a la implementación del acuerdo.
Frente a los ataques constantes, que ya dejan 236 excombatientes asesinados, dice el documento del Ministerio Público que se emitió un documento al respecto.
“La directiva hace un llamado a las entidades para que en cumplimiento de sus funciones se fortalezcan las medidas de prevención, protección y seguridad necesarias para garantizar la actuación oportuna por parte del Estado en caso de presentarse amenazas, atentados o crímenes contra esta población”, dice.
Así mismo, reconoce la importancia de incorporar medidas diferenciadas para atender los riesgos específicos que enfrentan las mujeres excombatientes
Señala además que se le está haciendo seguimiento a los fallos de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto a las peticiones así como los requerimientos pertinentes para conocer los avances en el cumplimiento de dichas órdenes.
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Responde la Procuraduría que, en lo corrido de 2020, se han hecho observaciones a la propuesta de reglamento interno y a los lineamientos de la política pública para el desmantelamiento, además de participar en sesiones territoriales en Córdoba, Nariño y Cauca, donde se han reafirmado recomendaciones en los informes de seguimiento:
1. Articular el desarrollo de las subcomisiones territoriales de la CNGS, con los espacios destinados para garantizar medidas de seguridad, prevención y protección a las personas en proceso de reincorporación.
2. Avanzar de forma prioritaria en la formulación e implementación de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales.
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3. Realizar un seguimiento efectivo a los compromisos que asumen las entidades en dichos espacios.
Y sobre la petición que se hizo para instar al Gobierno, especialmente al Ministerio de Hacienda de asignar los recursos para la seguridad de excombatientes, la Procuraduría respondió que han estado al frente consultando tras las medidas cautelares ordenadas desde la JEP.
En una reunión, que se llevó a cabo el 5 de octubre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que mediante la Resolución No 1850 de 2020 se le asignaron recursos adicionales por $150.000 millones de pesos para atender las necesidades de la UNP a 31 de diciembre de 2020
“Incluyendo las medidas cautelares sobre los comparecientes forzosos ante la JEP derivadas de las órdenes impartidas por dicha entidad, que de acuerdo con la proyección realizada. Asimismo, mencionaron que los desembolsos deben ser coordinados con el Tesoro Nacional de acuerdo con las necesidades de pago que tenga la UNP”, señala la respuesta.
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