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El artículo 96 de la reforma tributaria, que actualmente cursa en el Congreso, pide la eliminación de varios artículos de otras leyes; entre ellos el 223 de la Ley 1819 de 2016, que es justamente el que se refiere a la destinación de la plata recaudada a través delimpuesto al carbono.
Este impuesto se aprobó en el año 2016 como parte de la estrategia de fortalecimiento ambiental del país, utilizando sus recursos para la conservación de la naturaleza.
“Debe asegurarse que estos recursos del impuesto del carbono estén destinados a actividades dirigidas al control ambiental, al mejoramiento ambiental, a la protección de los ecosistemas y en particular para hacer frente a la crisis climática”, indicó Gustavo Guerrero Ruíz, procurador delegado para asuntos Ambientales y Agrarios.
Para el Ministerio Público modificar la destinación de este impuesto podría causar una desfinanciación en proyectos relacionados con la transición energética, la conservación del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la contención de la deforestación.
Y, además, la Procuraduría agrega que no se tendría claridad en los siguientes aspectos:
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• Quién sería el encargado de la istración de los recursos del impuesto al carbono.
• Cómo se deberían ejecutar estos ingresos.
• Y cuáles son los proyectos y políticas que se financiarían con el recaudo al impuesto al carbono.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, este impuesto recaudó $425.000 millones de pesos el año pasado para tratar asuntos ambientales.
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