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Según este documento conocido por Blu Radio, persisten barreras estructurales y prácticas inconstitucionales que dificultan la garantía de derechos fundamentales para millones de víctimas del desplazamiento forzado, la Procuraduría insiste en que lo reportado por el Gobierno Nacional no es coherente con lo que dice el acuerdo de paz y que siguen existiendo barreras muy grandes en el a la vivienda digna y a la educación.
El informe señala que cerca del 17 % de la población colombiana, es decir, más de 8.6 millones de personas, sigue en situación de desplazamiento, enfrentando vulneraciones que incluyen falta de a vivienda digna, generación de ingresos, educación, salud y restitución de tierras.
Pese a algunos avances como el aumento del presupuesto para la ayuda humanitaria inmediata, la disminución en los recursos destinados a retornos y reubicaciones preocupa gravemente, dado que este componente es clave para restablecer los derechos de las víctimas.
Asimismo, el documento destaca deficiencias en la coordinación entre las entidades nacionales y territoriales, el manejo de sistemas de información desactualizados y la falta de articulación de las políticas públicas con el enfoque de soluciones duraderas propuesto en el acuerdo de paz.
El Departamento istrativo Nacional de Estadística, Dane, revela que más del 51.6 % de las personas desplazadas viven por debajo de la línea de pobreza, una cifra que supera el promedio nacional en 15 puntos porcentuales.
Además, la pobreza extrema afecta al 21.9 % de esta población, duplicando el promedio nacional. Esto evidencia que los programas actuales no han logrado reducir significativamente estas brechas ni avanzar en la estabilización socioeconómica de las víctimas.
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Por esto, la Procuraduría le pide al Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro priorizar y focalizar las comunidades en procesos de retorno y reubicación en zonas rurales dispersas, fortalecer la articulación de las políticas públicas con el Acuerdo de Paz y garantizar una asignación presupuestal adecuada para los componentes más críticos, como vivienda y generación de ingresos.
Por otro lado, la Procuraduría ve necesario, crear estrategias específicas de acompañamiento para que las entidades territoriales puedan responder eficazmente a las emergencias humanitarias y reforzar los sistemas de información para garantizar la actualización de los datos y mejorar el seguimiento de las políticas públicas.
“En el marco del conflicto armado interno se han violado a los pueblos étnicos los derechos a la participación y a la autonomía, la identidad cultural, al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones culturales”, dice la Procuraduría.
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Allí, además, reflejan la preocupación por los procesos judiciales tardíos y el represamiento de expedientes sobre restitución de tierras.
Por ello, piden implementar medidas más contundentes y coordinadas que no solo garanticen el goce efectivo de derechos para esta población, sino que también contribuyan a una paz sostenible y al desarrollo equitativo en los territorios más afectados por el conflicto armado.
El informe concluye que, pese a los esfuerzos del Gobierno, el Estado colombiano no ha logrado superar las barreras estructurales que perpetúan el Estado de Cosas Inconstitucionales para la población desplazada.
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