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Fue a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales que se logró identificar las presuntas irregularidades en licencia ambiental Interconexión Carrieles
durante la Audiencia Pública Ambiental liderada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Según la Procuraduría, específicamente se cuestiona la participación de Juan Gonzalo Marín, contratista del Ministerio de Ambiente, quien podría estar involucrado en un conflicto de interés debido a la relación con su pareja, Lina María Velásquez, directamente vinculada al proyecto.
La polémica radica en que Lina Velásquez figura como solicitante activa de la Audiencia Pública y ha participado en eventos informativos relacionados con el proyecto, lo que podría comprometer la imparcialidad de Juan Marín en representación del Ministerio.
Y es que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019, los servidores públicos tienen la obligación de declararse impedidos en situaciones que pongan en riesgo su objetividad, un principio que la Procuraduría considera vulnerado en este caso.
Es por esta razón que la Procuraduría solicitó al Ministerio de Ambiente designar a otro funcionario o contratista en sustitución de Marín Fuentes para la Audiencia Pública programada el próximo 30 de noviembre de 2024. Esta medida busca preservar la confianza en el proceso y asegurar que las decisiones adoptadas estén libres de cualquier tipo de sesgo o interés particular.
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