En horas de la tarde del jueves, 16 de mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo en Bogotá, fue asesinado en un acto de violencia que ha conmocionado a la ciudad. El crimen tuvo lugar en la carrera 30 con calle 80, en la localidad de Barrios Unidos, al norte de la capital. La Policía Nacional implementó de inmediato un plan candado para intentar capturar a los responsables del asesinato.
El caso ha destapado una serie de revelaciones preocupantes. El coronel Fernández había recibido amenazas previas, plasmadas en aterradores panfletos dirigidos a él y a su familia. A pesar de estas amenazas, se desplazaba en un vehículo no blindado y que no era de su propiedad, lo cual ha generado críticas hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes no le habían brindado protección.
Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, expresó su indignación por el crimen en Mañanas Blu, con Néstor Morales. Además, señaló directamente a la UNP por su falta de diligencia en la realización de los estudios de seguridad necesarios para proteger a los funcionarios en riesgo.
“Eso no tiene nada de raro cuando la Unidad Nacional de Protección está siendo negligente con los estudios de seguridad. El director de la Unidad dijo que no han hecho el trámite necesario, me imagino que necesitaba los 10.000 documentos que toca pasar a la unidad para la implementación de un estudio de riesgo. Los analistas son negligentes, y el sindicato de la Unidad Nacional de Protección está amenazando porque no es el primer líder sindical ni el primer funcionario que debía tener protección y fue asesinado”, afirmó Robayo.
Además, Robayo resaltó la responsabilidad exclusiva de la UNP en la provisión de vehículos blindados y esquemas de seguridad. “La unidad de protección es la única que puede prestar carros blindados, que puede prestar un esquema de seguridad. El Inpec y el Ministerio de Justicia están haciendo las cosas bien, pero la preocupación grande es que no hay una coerción de parte de las entidades”, explicó.
Finalmente, Robayo resaltó las limitaciones legales del Inpec en cuanto a la protección de sus funcionarios. “Nosotros no tenemos funciones de escolta ni de vigilancia de funcionarios; tenemos la responsabilidad de la vigilancia de privados de la libertad. Sí, podemos estar armados y tener un armero gigante dentro de las cárceles, pero no podemos proveer seguridad a nuestros propios funcionarios”, concluyó.
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