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En una carta de cinco puntos, la organización Human Rights Watch le hizo unas recomendaciones al presidente Gustavo Petro para garantizar los derechos humanos especialmente en las zonas remotas de Colombia que se han visto afectadas por la violencia, empezando la misiva le dejan claro que si implementa de manera adecuada su idea de la paz total se podrían lograr avances en temas relacionados con los derechos humanos.
"Esto requiere una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos, que debe incluir tanto a las fuerzas de seguridad para cumplir con el deber de garantizar la vida y la integridad física, como a otras instituciones del Estado que son esenciales para la provisión de bienes y servicios públicos. Además de planes específicos diseñados para proteger a defensores de derechos humanos y otras personas en situación de riesgo", se lee en la carta.
Los indicadores de éxito de la fuerza pública deben estar basados en la prevención de abusos y la protección de los derechos humanos, asimismo aseguran que la política de seguridad del Gobierno Duque no garantizó los derechos humanos en zonas remotas del país.
Por otro lado, explican que debe tener en cuenta con qué grupos va a negociar la paz y de qué manera, también se debe revisar la clasificación actual de grupos armados en el país para poder aplicar de manera más efectiva las estrategias de sometimiento a la justicia y de negociación política.
"En el contexto específico de Colombia, dicha decisión también debe tener en cuenta si negociar con facciones de grupos armados que rechazaron o no cumplieron acuerdos anteriores, como el de las Farc de 2016 y el de Justicia y Paz con los paramilitares de mediados de la década de 2000, crearía incentivos adecuados para que cualquier negociación futura sea tomada en serio", puntualizan.
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Una presencia más integral del Estado en las regiones y una política para desmantelar a los grupos armados ayudaría a abordar las causas que están generando la violencia en el país, entre ellas, las economías ilícitas, para esto, según HRW, sería de gran ayuda implementar integralmente el acuerdo de paz firmado con las extintas Farc.
"Su Gobierno debería tomar medidas para reforzar la presencia y la capacidad de los jueces, fiscales, investigadores de policía judicial y defensores públicos en áreas remotas del país, donde la ausencia de una capacidad judicial adecuada ha permitido que los grupos armados prosperen y, en algunos casos, impongan sus propias “normas” a la población. Debido a la inmensa rentabilidad del tráfico ilegal de drogas y la capacidad de los grupos criminales para corromper a las autoridades, una política de drogas efectiva es esencial para que estas reformas sean exitosas y contribuyan a una reducción duradera de la violencia y la corrupción", dice HRW.
Todos los procesos que se hagan deben estar orientados en garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición, en este sentido es también importante que las instituciones que deben garantizar justicia avancen en el esclarecimiento de los diferentes casos, se deben evitar además las desmovilizaciones fraudulentas.
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"Su Gobierno debería trabajar en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones para verificar exhaustivamente la identidad y los antecedentes penales de las personas que se desmovilizan. Ello será particularmente desafiante en el contexto actual de Colombia", finalizan.
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