Aunque la población indígena del país tiene una condición especial de protección constitucional y representa el 4.4% del total nacional, en el periodo 2014-2022 solo recibió el 2,25% (18.45 billones de pesos constantes de diciembre de 2022) de los recursos asignados por los Ministerios de Vivienda y de Agricultura para la política de subsidios de vivienda urbana y rural.
Con el objetivo de evaluar la Política Pública de Vivienda para los indígenas, se realizó un estudio sectorial por la Contraloría, dando como resultado que Colombia no cuenta con el cálculo del déficit habitacional específico para la población indígena.
El ente de control expresó preocupación debido a que no se tiene en cuenta que el 92% de esta población se encuentra en condición de pobreza, situación que dificulta el cierre financiero y, con ello, la posibilidad de acceder a créditos para obtener una vivienda.
Se identificó una debilidad en la política pública dirigida a garantizar el derecho a una vivienda digna para la población indígena, después de visitar 429 casas otorgadas por el gobierno nacional a las comunidades indígenas de los pueblos Pastos, Wayúu, Kamentsá, Nasa, Tikuna y Zenú.
Además, en las encuestas realizadas a los beneficiarios de los subsidios, el 80% consideró que las viviendas subsidiadas no fueron construidas teniendo en cuenta su cultura y costumbres. Incluso, solo 150 de las 429 viviendas visitadas tenían a los tres servicios públicos básicos (acueducto, alcantarillado y energía).
Finalmente, la Contraloría hizo un llamado al Gobierno Nacional para que implemente de inmediato la metodología para definir el déficit habitacional de la población indígena y, además, advirtió la necesidad de que las viviendas para esta población respeten los usos y costumbres de estas comunidades.
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