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Elexjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en su audiencia única de verdad ante la JEP, reveló algunos crímenes que los paramilitares habrían cometido en universidades del país y especialmente en la Costa Caribe.
Según el relato del exjefe de las autodefensas, algunos líderes estudiantiles y profesores fueron amenazados y asesinados por sus inclinaciones políticas, pero, además, señaló que fueron estigmatizados y acusados de, supuestamente, apoyar a las guerrillas. Mancuso también indicó que estos delitos se habrían cometido en complicidad con de la fuerza pública, en algunos casos.
Tras sus declaraciones, algunas víctimas y organizaciones elevaron una solicitud a laJEP para que se abra un caso en el que se investigue exclusivamente la infiltración del conflicto en estas universidades e instituciones educativas.
“Mancuso afirmó que se asesinaron a varios estudiantes como parte de este modelo de estigmatización. Estas declaraciones arrojan luz sobre la complicidad y participación de las Fuerzas Militares y la Policía en colaboración con los paramilitares en estos crímenes. Es crucial destacar que las víctimas eran líderes y lideresas estudiantiles, trabajadores y trabajadoras, y profesorados críticos contra las directivas universitarias, especialmente aquellos que denunciaban casos de corrupción y desvío de fondos. La universidad se convirtió en un escenario utilizado para encubrir estas prácticas corrupta”, se lee en el documento con el cual se hace la solicitud.
Este documento lo firman algunas organizaciones como Redepaz, Jorge Adolfo Freytter Romero y la Fundación Lazos de Dignidad, entre otras.
“Estos crímenes atroces no pueden considerarse como casos aislados. Las declaraciones de Mancuso señalan la existencia de un patrón de estigmatización y persecución en múltiples instituciones educativas de Educación Superior, donde las fuerzas estatales y los paramilitares trabajaban conjuntamente”, señala el texto.
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Ante esto le piden a la JEP abrir un caso que investigue los crímenes cometidos en las universidades, pero también solicitan que la Procuraduría y la Fiscalía envíen informes a la justicia transicional sobre su accionar frente a todas las denuncias que recibieron de las víctimas sobrevivientes a los crímenes cometidos en las universidades.
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