El presidente Gustavo Petro ha designado a los embajadores Juan José Quintana Aranguren y Carolina Olarte como representantes del país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ambos diplomáticos tendrán la responsabilidad de respaldar la intervención de Colombia en la demanda presentada por la República de Sudáfrica contra el Estado de Israel.
La demanda, interpuesta el 29 de diciembre de 2023, se centra en presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, relacionadas con los acontecimientos ocurridos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. El Gobierno nacional ha decidido intervenir en este caso, amparándose en el Artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Con el objetivo de garantizar una representación, el presidente Petro emitió un decreto en el que nombró al embajador Juan José Quintana Aranguren como Agente y a la embajadora Carolina Olarte como Coagente. Ambos funcionarios, con grados 25 y acreditados con códigos 0036, son reconocidos por su experiencia en asuntos diplomáticos.
El Artículo 1 del decreto formaliza el nombramiento de Juan José Quintana Aranguren como Agente para representar los intereses de Colombia en la mencionada demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por su parte, el Artículo 2 nombra a Carolina Olarte como Coagente para desempeñar la misma función de representación del país en este proceso legal.
El decreto también resalta que, al ser ambos embajadores funcionarios públicos de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, este nombramiento no generará erogaciones para el tesoro nacional.
Sudáfrica acusa a Israel de genocidio en Gaza ante tribunal de la ONU
Sudáfrica acusó formalmente a Israel ante la máxima instancia judicial de la ONU de violar la Convención para la Prevención de Genocidios, argumentando que la campaña militar israelí en Gaza, desencadenada por la masacre de Hamás el 7 de octubre, sobrepasa cualquier justificación.
El ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola, expresó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya que "ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea, justifica que se vulnere la convención". Aseguró que la respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre superó este límite, dando lugar a violaciones de la convención.
En contraposición, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó las acusaciones, defendiendo la lucha del Estado hebreo contra Hamás como una respuesta al "genocidio". La guerra entre Israel y Hamás se desató tras el mencionado ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí, dejando aproximadamente 1.140 muertos, mayoritariamente civiles, según cifras de la AFP basadas en datos oficiales israelíes. Entre las víctimas, se contabilizan más de 300 militares.
Como consecuencia, Israel prometió "aniquilar" a Hamás y ha continuado bombardeando intensamente Gaza, que permanece bajo un asedio riguroso. El saldo de la ofensiva, según el Ministerio de Salud del movimiento islamista palestino, que gobierna Gaza desde 2007, asciende a al menos 23.469 personas fallecidas, principalmente mujeres y menores de edad.
La acusación de Sudáfrica se fundamenta en la presunta violación de Israel a sus obligaciones según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado establecido en 1948 como respuesta al Holocausto, en el cual los nazis y sus colaboradores exterminaron a seis millones de judíos europeos. El caso presentado ante la CIJ refleja las tensiones y divergencias en la interpretación de los eventos en la región, planteando interrogantes sobre la aplicación y respeto de normativas internacionales en situaciones conflictivas.
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