Este miércoles, Mañanas Blu cuando Colombia está al aire reveló un estudio de la Contraloría General de la Nación, oficialmente concluido el 22 de julio de 2022 y que tiene una extensión de 126 páginas, en el que queda claro que no existe un inventario real y que el existente está desactualizado. Adicionalmente, en muchos casos, nadie sabe dónde están los bienes.
A la escandalosa incertidumbre, se suma quemuchos procesos pueden tardar en resolverse en la Fiscalía o en los tribunales hasta 20 años y que cada proceso le cuesta al país a rededor de 60 millones al año.
Datos escandalosos
El mismo estudio revela datos escandalosos en el precio de los arrendamientosde los inmuebles en poder de la SAE. Según el reporte, en 2021 se alcanzó un recaudo de $106.468 millones.
Sin embargo, no se entiende cómo la SAE calculó este valor porque la entidad no tiene registrado el avalúo comercial para el 77,43% de los bienes inmuebles; es decir, para 21.946 propiedades de un total de 28.343 reportadas.
Lo peor es que hay casos en los que losavalúos, en su mayoría de casas y lotes,no superan los $100.000 pesos. Esto se evidenció en 88 registros que demuestran por ejemplo que una finca de 112 hectáreas está avaluada en $64.000 o que un lote con construcción de 780 m² está $4.300 pesos.
En la larga lista de inconsistencias, por decir lo menos, un lote urbano sin construcción y en buen estado, de 99,48 m², aparece registrado por $1.318 pesos. Un garaje de 12 m² en buen estado, localizado en el sector de Unicentro Bogotá, aparece avaluado en $35.000.
Todos estos casos evidencian que la información que aparece en el inventario no es confiable.
Sin embargo, hay más datos escandalosos: con corte a diciembre de 2021, solo se había extinguido $2,14 billones de pesos que corresponden a 6.383 registros. Esto quiere decir que solo el 10,54% de los 60.562 registros que en total tiene la SAE surtieron proceso de extinción de dominio. La compleja realidad hace casi imposible la monetización de los bienes, para que puedan ser utilizados por el Gobierno en programas sociales.
Depositarios
En cuanto al tema de los depositarios, la misma SAE incumple de acuerdo con el estudio en cuanto a sus políticas institucionales en materia de asignación de depositarios. Por ejemplo, cinco depositarios superaron en 2021 el tope de 600 bienes inmuebles establecido por la SAE.
De acuerdo con el estudio, la propia SAE es depositaria de de 4.940 bienes; es decir el 17,43% del total de bienes inmuebles, pero hay otras empresas como Consultores Santo Domingo que istra 802 bienes, Andrés Mejía Cadavid 713 bienes, Sersigma SAS istra 696 bienes, Báltico Ingenieria SAS istra 686 bienes inmuebles y Inmobiliaria Alianza Group SAS 654 bienes
De ahí hacia abajo, en el listado, ya están dentro de las políticas de la SAE, de 600 bienes inmuebles; entonces, aparecen depositarios con esa cifra hasta 400 bienes en promedio.
Negociazos
Esa misma situación ocurre con las sociedades porque el 23% de sus depositarios o sea 24 en total, superaron el tope de cinco sociedades establecidas por la propia entidad.
Por ejemplo, para 2021, Mario Ernesto Gómez Melo tenía asignadas 10 Sociedades; Numa Alonso Zambrano Suárez, tenía 9; Carlos Alberto Sánchez Escobar, Coempresa S.A.S. y Karim Perea Perea, tenían 8 cada una. En general, 24 depositarios o sea el 23% del total superaron las cinco sociedades asignadas.
No obstante, tampoco es confiable pues muchos de los registros, de acuerdo con el estudio, contienen cifras distintas cada año sobre el mismo depositario.
La elección de depositarios sí pareciera transparente, porque la SAE generó un sistema que selecciona de manera automática a los depositarios provisionales, previa inscripción en el Registro Único de Depositarios Provisionales de esa SAS. Los requisitos para la participación en las convocatorias públicas, de personas naturales y/o jurídicas interesadas, se hace mediante la plataforma tecnológica dispuesta por la SAE. Este aplicativo garantiza los principios de igualdad y transparencia según el informe, además de realizar el análisis de las solicitudes y la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos.
Cifras para llorar
El estudio de la Contraloria remata con unas cifras para llorar, las de los ingresos obtenidos frente a los recursos generados por la actividad ilegal y especialmente el narcotráfico. Según el informe, el peso de la economía ilegal, con base en cálculos de expertos, oscila entre el 1% y el 2,3% del PIB; es decir un estimativo de entre los 33 y los 78 billones de pesos en 2021. Por lo tanto, en tan solo ese año se recibieron 1.83 billones de pesos, que en el mejor de los casos representa el 5.4% de lo que en teoria mueve la economía ilegal en Colombia.
Para rematar, se reportaron 273.523 millones de pesos de los 550.000 millones o sea el 50% de total sobre los cuales el control y seguimiento es inexistente.
Asi las cosas el inventario consignado en el estudio a diciembre de 2021 es de 6.677 lotes, 5.082 casas, 3.743 garajes, 3.597 fincas, 3.282 apartamentos y 2.184 locales comerciales y 3778 correspondiente a otros inmuebles. Los bienes en su mayoría están ubicados en: Valle, 7.550; Antioquia, 4.369; Bogotá, 2.777; Cundinamarca, 1.684; Meta, 1.343; Córdoba, 1.318; Atlántico, 1.227; y 8.075 en otros departamentos del país.
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