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El pasado 24 de diciembre la Sala de Reconocimiento de la JEP decidió dejar en firme la imputación de esclavitud en contra del antiguo secretariado de las Farc, en el marco de las investigaciones que se adelantan por el delito de secuestro. Argumentando que por los trabajos forzados y ya que los secuestrados de alguna manera fueron tratados como mercancía los de la antigua guerrilla habían incurrido en este delito.
BLU Radio conoció las 24 páginas en las que el antiguo secretariado se dirigen a la magistrada relatora del caso de secuestro, Julieta Lemaitre. En su comunicado, donde no aceptan que se haya cometido este delito en las filas de las Farc.
Sin embargo, también piden a la JEP que muestre pruebas según las cuales el antiguo secretariado tenía algún conocimiento de que se había cometido el delito.
“Dado que en derecho penal no existe responsabilidad por estatus de haber sido comandante, la Sala debe hacer un esfuerzo argumental en donde demuestre que en efecto las circunstancias, el conocimiento o la imprudencia de los ex integrantes del secretariado, derivó en la existencia de la conducta imputada”, se lee en el documento.
Sin embargo, los desmovilizados sí aceptan que en las Farc se presentaron trabajos forzados, aclarando que esto no constituye el delito de esclavitud. “En el caso de los trabajos forzados impuestos por las FARC-EP no se configura el crimen de lesa humanidad de esclavitud, que requiere un umbral de gravedad muy superior al trabajo forzado, tanto en la intensidad al ataque a la libertad como en la cosificación o reducción a mercancía del sujeto pasivo que la sufre”, indicaron.
Asimismo, incluyen algunos criterios que constituyen el delito de esclavitud, entre los que incluyen tratos crueles, control del entorno físico, o la presión psicológica. Pero especifican que solo uno de ellos no alcanza a constituir el delito.
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Por último, los exjefes de las Farc le advierten a la Sala de Reconocimiento de la JEP, quienes hicieron la imputación, que en esta etapa ellos solo pueden hacer una opinión sujeta a debate, pero que para que concluir si ocurrió o no el delito es competencia del Tribunal de Paz.
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